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Casi 2.000 trabajadores de Osasunbidea piden un igual trato a la hora de jubilarse

Por las transferencias de los 90, se retiran a los 65 años frente a otros que lo hacen con 60

Martes, 19 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Pamplona- Un total de 1.908 trabajadores de la sanidad pública navarra, especialmente del CHN, trasladarán hoy al Defensor del Pueblo una petición para que se corrija lo que consideran un “trato desfavorable” fruto de un complejo proceso de transferencias de competencias del Estado a Navarra en este sector que ha desembocado, según dicen, que ahora, en que cuando llega el momento de jubilarse, hay personal que lo puede hacer a los 60 años mientras que otros tienen que esperar a los 65. El problema afecta especialmente a colectivos del antiguo Hospital Virgen el Camino -provenientes de la SS- y sobre todo, por cantidad, a enfermeros y enfermeras. “La paradoja es que estamos trabajando en la misma consulta, con las mismas condiciones y los mismos jefes y unas se jubilan ya y otras tememos que seguir”, explica una de ellas.

La causa de todo esto es compleja y se remonta a los años ochenta y noventa en el contexto de la transferencia competencias y personal dependientes del régimen estatal al foral. “Con la entrada en vigor de la Ley Foral 11/1992, se produjo la transferencia del personal sanitario del Estado al Gobierno de Navarra. En ella se estableció que todo el personal de nuevo ingreso queda incluido dentro del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social (art. 30). Por Decreto Foral 252/94, de 26 de diciembre, se produjo la integración como funcionarios en el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra del personal sanitario, todo ello, con efectos económicos y administrativos de 1 de enero de 1995 continuando con el sistema de seguridad y previsiones sociales que se venían aplicando. La Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, prevé la posibilidad del personal proveniente del antiguo de montepíos de optar por la jubilación voluntaria a los 60 años de edad cuando reúnan 35 años cotizados, a diferencia de estipulado para el personal inserto en la Seguridad Social bajo el régimen general y su previsión de jubilación a los 65 años para la obtención de la jubilación en su máxima cuantía (art. 205 LGSS)”, recuerdan. (....) “En los casos en que el personal acogido a los Montepíos del Gobierno de Navarra, donde se tenía o se tiene algún punto desfavorable con relación a las pensiones o personal procedente de la seguridad social se ha detectado una posición más abierta y comprensiva por el gobierno de Navarra. Son muchos los años en que se viene produciendo una discriminación injustificable dentro del personal sanitario con un tratamiento diferente entre trabajadores del mismo nivel y puesto de trabajo, jubilándose unos a los 60 años y otros con la misma situación a las 65 años. Con todo esto, no se pretende denunciar el trato o prerrogativa de la que parte de la plantilla se beneficia a efectos de jubilación, sino denunciar el trato desfavorable y sin sentido que otra parte padecemos. Por ello, no se denuncia el particular régimen de clases pasivas, sino el trato desfavorable, y a nuestro entender discriminatorio, que sufre el personal que realizando las mismas funciones y en condiciones laborales idénticas, no pueda beneficiarse del mismo”.

La solución no es fácil, pero piden que “cese el trato desfavorable que parte del personal padecemos, de modo que se nos equipare al del resto de trabajadores y trabajadores que actualmente disfrutan de la posibilidad de obtener la jubilación anticipada a los 60 años de servicio con 35 de cotización”. - J.I.C.

las claves

La petición. “Con la presente queja expresamos el malestar del personal sanitario discriminado con un escrito con 1.908 firmas de trabajadores sanitarios afectados, a la vez que pedimos al Defensor que realice las actuaciones pertinentes ante los órganos competentes del Gobierno y Parlamento para eliminar esta discriminación que se viene padeciendo”.

Los argumentos. Los firmantes apelan a diferente jurisprudencia estatal y europea para cuestionar lo que consideran una “discriminación” sin razón objetiva según funciones y condiciones.

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