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Editorial de diario de noticias

Un marco para la diversidad de Europa

La demanda de una legislación europea vinculante que proteja los derechos de las minorías lingüísticas es consecuencia de la limitada eficacia de las normas de la UE ante la preeminencia identitaria de los estados

Miércoles, 20 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

el impulso de medidas legislativas, normativas administrativas y actuaciones sociales públicas y privadas para apoyar la normalización y desarrollo del euskera debe servir, más allá de la interesada manipulación partidista, para confirmar que el desarrollo prolongado de políticas lingüísticas adecuadas y el compromiso institucional y de los ciudadanos son el camino del éxito en la protección de lenguas como el euskera y en la inversión de su proceso de minorización. Para ello, sin embargo, se precisa de un marco normativo adecuado -en Navarra, la Ley del Euskera pudo ser ese camino, pero su utilización restrictiva por parte de UPN en los últimos años ha impedido ofrecer a la sociedad todo su potencial- a todos los niveles y de ahí la demanda a las instituciones europeas de una legislación vinculante que proteja los derechos de los más de 50 millones de ciudadanos que pertenecen a alguna de las más de 60 minorías lingüísticas de la UE, demanda que incluye la recogida de un millón de firmas en siete estados miembro a través de la campaña Minority SafePack. Surge de la constatación de la limitada eficacia de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias (1992) y del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995) para proteger y mejorar la situación de las minorías nacionales y las lenguas minorizadas. También tras comprobar la insuficiente diligencia de las instituciones más de cuatro años después de que en 2013 la Eurocámara aprobara -con 645 votos a favor y 26 en contra- el informe presentado por el corso Francois Alfonsi, que ya recomendaba para las lenguas minorizadas un adecuado estatus jurídico, el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus hablantes y la salvaguarda de las mismas por los poderes públicos. Todo ello debía haber sido ya consecuencia de una lectura adecuada a la protección de los derechos de las minorías del art. 3 del Tratado de la Unión Europea que indica que la UE “respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística...” y por supuesto de una aplicación efectiva de la Carta Europea. Sin embargo, ni el Tratado ha tenido esa interpretación ni la Carta posee fuerza jurídica suficiente. Ambas adolecen del principal defecto que afecta a la UE, toda vez que cultura y lengua se entienden como elementos identitarios por los estados miembros y solo una legislación nítida que vincule a estos podrá garantizar a las minorías la capacidad de participar y contribuir en la cohesión de Europa desde su propia identidad lingüística y cultural.

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