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La mayor reforma local en 25 años busca más equilibrio territorial con 11 comarcas

El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley Foral después de un proceso de dos años, con participación de los ayuntamientos

Las entidades locales se financiarán con un porcentaje fijo y estable de los ingresos de la Hacienda Foral, no inferior al 10%

P. Gorría Patxi Cascante - Miércoles, 20 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La consejera Elizalde y el director general Lasa, en una comparecencia anterior.

La consejera Elizalde y el director general Lasa, en una comparecencia anterior.

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  • La consejera Elizalde y el director general Lasa, en una comparecencia anterior.

pamplona- El Gobierno de Navarra presentó ayer el anteproyecto de Ley Foral que supone la mayor reforma de la administración local en los últimos 25 años. La que se ha dado en llamar reforma del Mapa Local está pendiente al menos en las últimas siete legislaturas parlamentarias, sin que hasta el momento ningún partido gobernante haya conseguido sacarla adelante. Ahora el Gobierno lleva su reforma al Parlamento después de un proceso de dos años en el que han participado todas las entidades locales que lo han querido.

La reforma que presentaron ayer la consejera Isabel Elizalde y el director general de Administración Local, Xabi Lasa, persigue “reducir progresivamente el desequilibrio entre las distintas zonas de Navarra”, así como “dotar a los gobiernos locales de los recursos organizativos y económicos suficientes para cumplir su papel como administración”, explicó Elizalde. Se trata de una reforma de calado que modifica hasta tres leyes forales: la de Administración Local de 1990, la de Haciendas Locales de 1995 y la del registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra de 2006.

Los ayuntamientos y concejos mantienen en la reforma propuesta la condición de entidad local, mientras que la pierden los distritos, consorcios y asociaciones de servicios, lo que no significa que desaparezcan. Como nuevas entidades locales aparecen las comarcas, sobre las que gira buena parte de la reforma y que absorberán a las actuales mancomunidades. Serán finalmente once, frente a las trece contempladas en el primer documento de líneas maestras que presentó el Gobierno, y tendrán cinco competencias: abastecimiento de agua, gestión de los residuos, servicios sociales, ordenamiento territorial comarcal y organización de la Secretaría e Intervención.

ordenación de los concejosEl anteproyecto de Ley Foral mantiene a los concejos como entidad local y ordena sus atribuciones. Podrán constituir concejos abiertos los núcleos de población mayores de 100 habitantes y, en los que funcionen con junta, se establece que el número de vocales será de seis, si supera los 1.000 habitantes. Podrán presentarse mociones de censura contra los presidentes y se reconoce como competencia la organización del auzolan. Se articula asimismo un sistema de relación concejo-ayuntamiento que posibilite el ejercicio compartido de las competencias cuando los recursos materiales y humanos de los concejos no permitan desarrollar sus labores de forma autónoma. Por otra parte, desaparece como causa de extinción de los concejos la referida al número de habitantes, pero sí será causa de extinción la no presentación de candidaturas en dos elecciones concejiles sucesivas.

solución a los secretariosEn materia de personal, se pretende dar una solución definitiva al problema de la interinidad permanente que afecta a muchas plazas de Secretaría y se asegura un carácter estrictamente funcionarial de los servicios administrativos de Secretaría e Intervención, de forma que se establece el concurso-oposición como único sistema de habilitación para estos puestos. El puesto de Secretaría será necesario en los ayuntamientos de más de 1.500 habitantes y el de Intervención en los de más de 3.000.

novedosa financiaciónOtro de los aspectos que supone una completa renovación respecto al sistema actual es la financiación de las entidades locales a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, si sale adelante en el Parlamento. La reforma afecta tanto a los fondos de transferencias corrientes y de capital del Gobierno a los ayuntamientos, como a los propios tributos municipales. Así, la dotación del Fondo de Haciendas Locales será un porcentaje fijo y estable de los ingresos tributarios de la Hacienda Foral. Este porcentaje aún no está fijado, pero según explicaron ayer los responsables de Administración Local, no podrá ser inferior al 10% y deberá fijarse antes de diciembre de 2018, una vez que se delimiten y clarifiquen las competencias actualmente consideradas como “impropias” o “dudosas”.

En adelante, no se diferenciará entre transferencias corrientes y de capital, sino que existirá una única estructura de reparto: una parte para la financiación de obras vinculadas a planes directores diseñados por el Gobierno;otra distribuida en módulos para determinados servicios, y una tercera cantidad de libre determinación. Otras líneas específicas serán los montepíos, la Carta de Capitalidad de Pamplona y la retribución a los corporativos.

En esta nueva financiación será condición obligatoria que estén actualizadas las ponencias catastrales que definen la contribución que se paga en cada ayuntamiento. También se contempla la posibilidad de que se elaboren ponencias de valoración catastral de alcance comarcal, y se establece una nueva horquilla para la fijación del gravamen entre el 0,25% y el 0,50%.

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