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El Gobierno foral aprueba la Ley de Transparencia para “eliminar barreras y obstáculos”

El proyecto extiende el ámbito de aplicación a todas las entidades públicas

Jueves, 21 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

pamplona- El Gobierno de Navarra aprobó ayer el proyecto de Ley foral de Transparencia y Buen Gobierno, con el que quiere “eliminar barreras y obstáculos” al derecho efectivo de acceso a la información pública. La finalidad de este texto es “regular e impulsar la transparencia en la actividad pública y en la acción de gobierno, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regular los grupos de interés y establecer un conjunto de normas que aseguren un buen gobierno”. Se trata, dijo en conferencia de prensa la consejera de Presidencia, María José Beaumont, de dar respuesta al deseo de una sociedad avanzada como la actual de “saber, tomar parte y colaborar activamente”, y para ello con esta ley se busca “convertirla en titular y propietaria de lo público”. Hasta aprobar el proyecto de ley el texto ha seguido un proceso participativo en el que se han recibido aportaciones de los departamentos del Gobierno, de la Federación de Municipios y Concejos y de la ciudadanía. Entre ellas, las que han delimitado las obligaciones de publicidad activa de las entidades locales (teniendo en cuenta la estructura y medios con que cuentan) y concretado y ampliado las potestades atribuidas al nuevo Consejo de Transparencia.

Este proyecto extiende el ámbito de aplicación de la ley a todas las entidades públicas, como la UPNA, y a las privadas que puedan ser depositarias de información pública, se financien con fondos públicos o participen en la gestión de los servicios públicos financiados con fondos públicos. También delimita su aplicación a otras instituciones como el Parlamento, Defensor del Pueblo, Cámara de Comptos y Consejo de Navarra. El texto estructura y amplia las obligaciones de publicidad activa, apartado en el que incluye información de carácter institucional, organizativa y de planificación;sobre altos cargos y personal directivo;de relevancia jurídica;económica, presupuestaria y financiera;sobre contratación pública, concesión de servicios, convenios, actividad subvencional y patrimonial;e información en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y vivienda. - Efe