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Acceso a la función pública docente, y derechos

Por Mikel Arregi - Jueves, 21 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

La proposición de ley foral que ha presentado el Partido Socialista de Navarra en el Parlamento de Navarra para que sea tramitada por el procedimiento de lectura única y urgente hace una serie de planteamientos que es conveniente analizar.

En el artículo único establece que a las convocatorias que desarrollen las correspondientes ofertas públicas de empleo docente no universitario les será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. Para ello, determina que en las convocatorias, inexcusablemente, se recojan distintos procedimientos selectivos para las distintas especialidades docentes y para cada una de las lenguas oficiales de Navarra, y que se designarán como mínimo un tribunal por especialidad y por lengua propia debidamente acreditados para cada una de las convocatorias específicas.

Pero resulta que el real decreto mencionado en la proposición de ley no establece lo que el PSN dice. Para comprobarlo, basta leer lo que se dice en el artículo 5.3 de dicho reglamento;artículo encuadrado en el título II, y más concretamente en su capítulo II, que regula los órganos de selección: “En el caso de Comunidades Autónomas con lengua cooficial, las convocatorias podrán determinar la constitución de tribunales distintos para cada modelo lingüístico dentro de una misma especialidad, pudiendo determinarse, en su caso, la constitución de las correspondientes comisiones de selección”. Por tanto, lo que el PSN plantea no es aplicar lo establecido en el Real Decreto 276/2007, sino modificarlo, limitando la potestad de organización de la Administración, porque el Reglamento establece que las convocatorias podrán constituir tribunales por modelo lingüístico, y es competencia del Gobierno realizar las convocatorias.

La proposición, además, afirma en la exposición de motivos que “en aplicación de esta normativa el sistema selectivo ha venido observando, reiteradamente y sin exclusión, un sistema de selección basado en la determinación de los perfiles lingüísticos necesarios para la óptima cobertura de las plazas de acuerdo a la zonificación lingüística establecida en la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre del euskera”. Pero, desde la aprobación de la Ley Foral 4/2015, de 24 de febrero, de modificación parcial de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, no hay en el ámbito de la educación un criterio de zonificación, como puede pasar en la organización administrativa, ya que el criterio predominante es la demanda. El perfil lingüístico de la plaza viene determinado, por tanto, por la existencia de demanda suficiente, y no por la zona donde esté ubicada la plaza.

También afirma que “el sistema de gestión (…) con convocatorias distintas y separadas, y con tribunales específicos y distintos, para cada una de las comunidades lingüísticas de la Comunidad Foral de Navarra garantiza la ecuanimidad, favorece a la comunidad escolar y posibilita igualdad de condiciones a los aspirantes (...)”. Pero parece que lo que se pretende no es establecer un sistema de acuerdo a las características lingüísticas de las plazas que se van a cubrir (plazas con docencia en castellano y plazas con docencia en euskera), sino un sistema que clasifica a las personas aspirantes en miembros de una comunidad lingüística. Ante esto, la pregunta es la siguiente: los navarros y navarras bilingües que saben euskera y castellano ¿a qué comunidad lingüística pertenecen? ¿Acaso no pertenecen a ambas por su cualidad de bilingües? Ahí se delata la que puede ser la verdadera motivación de la proposición de ley: mermar las posibilidades de aspirantes que, siendo bilingües, cumplen con los requisitos para acceder tanto a plazas de docencia en castellano como a plazas de docencia en euskera. Porque la proposición de ley foral, que es meridianamente clara en lo de convocatorias separadas por especialidad e idioma, no es igual de precisa en si serán en fechas diferentes o podrán ser simultáneas.

Plantean segregar en castellanohablantes y vascohablantes, cuando en realidad estamos ante aspirantes bilingües, con competencia en las dos lenguas de Navarra, y aspirantes que solo conocen una de ellas. Se pide a los bilingües que realicen un mayor esfuerzo, cuando cumplen los requisitos para acceder a plazas docentes en castellano y a plazas docentes con requisito de euskera. Es decir, aunque cumplen con el requisito de la capacidad, la proposición de ley foral no les trata con igualdad.

Si, tal y como se afirma en la proposición de ley, los procesos selectivos con convocatorias distintas y separadas garantiza la ecuanimidad, lo coherente con la filosofía de la iniciativa legislativa sería proponer que para el acceso a plazas en las que la lengua vehicular sea una lengua extranjera (Programas de Aprendizaje en Inglés, Francés o Alemán) las pruebas selectivas se desarrollen en la lengua correspondiente, inglés, francés o alemán, generando así una desagregación de listas casi infinita.

Por otra parte, la proposición hace una serie de afirmaciones sin justificarlas y tampoco aporta datos que avalen esas afirmaciones, porque ¿en qué modo favorece a la comunidad escolar el proceso selectivo segregado? ¿Acaso la lista integrada no garantiza la ecuanimidad y que a los centros irán los mejores aspirantes? ¿En qué aspecto se deteriora el criterio de mérito y capacidad con la lista integrada si las personas bilingües acreditan igual que las monolingües ese criterio? Son demasiadas las dudas, y no parece que una proposición de ley foral construida para defender los intereses de un colectivo concreto sea la mejor manera de atender adecuadamente al interés general. El autor es director gerente de Euskarabidea

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