Mesa de Redacción

Torturar también estuvo mal

Por Joseba Santamaria - Domingo, 24 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El informe sobre la Tortura documenta 4.133 casos entre 1960 y 2014 sólo en la CAV -faltan los datos de Navarra y de otros territorios de Euskal Herria-. Es una cifra brutal. Pone cifras y nombres y aval institucional a una realidad conocida: la tortura y los malos tratos han sido una de las líneas rojas democráticas que el Estado se saltó de forma sistemática con la excusa de la lucha contra ETA. Hubo también otras líneas rojas como la guerra sucia, la violencia parapolicial o el terrorismo de Estado de los GAL. Mirar a otro lado o rasgarse las vestiduras políticas, como han hecho PP y PSOE, no es sino un ejercicio de burda hipocresía. Eran tan conscientes de su existencia tanto en la dictadura franquista como después como el resto de la sociedad de este país. No sólo por las denuncias de miles de personas que han sido detenidos en ese periodo de tiempo -la mayor parte de las cuales fueron luego puestas en libertad sin cargos-, sino porque aunque de forma excepcional los propios tribunales españoles han dictado condenas contra miembros de las fuerzas de seguridad y los tribunales europeos han condenado en diversas ocasiones al Estado español por casos de tortura. Negar los hechos no tiene sentido alguno. Como tampoco lo tiene negar que la impunidad sistemática tuvo la cobertura de jueces, fiscales, medios de comunicación, forenses y partidos políticos. La tortura, con golpes, asfixia e incluso abusos sexuales, forma parte también del relato de las violencias que ha sufrido esta tierra durante décadas. No elimina ni reduce las responsabilidades de cada cual en los distintos hechos de violencia -ni justifica las otras violencias-, pero asumir que torturar, además con el amparo consciente del Estado, estuvo mal también es un mínimo ético. Antes o después el Estado y los diferentes gobiernos responsables -que condecoraron y premiaron a las pocas personas condenadas por torturas o malos tratos-, tendrán que asumir sus responsabilidades y admitir que ese informe revela unos hechos inadmisibles en una democracia avanzada y consolidada.