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consejo de administración del Canal Isabel II

La justicia cerca a Gallardón e imputa a su cúpula en el Canal por el caso Lezo

Juan Bravo, presidente de Adif, y el exconsejero Pedro Calvo, entre los 25 investigados por comprar Inassa

Jueves, 28 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Ruiz-Gallardón, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea madrileña sobre la compra de empresas por el Canal de Isabel II.

Ruiz-Gallardón, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea madrileña sobre la compra de empresas por el Canal de Isabel II. (EFE)

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Ruiz-Gallardón, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea madrileña sobre la compra de empresas por el Canal de Isabel II.

pamplona- La justicia estrecha el cerco sobre Alberto Ruiz-Gallardón. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado citar como investigados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.

El magistrado De Egea, juez de apoyo del instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha atendido así todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero y exconcejal Pedro Calvo, al apreciar “irregularidades” en la adquisición de Inassa, operación con la que la empresa de aguas madrileña comenzó su expansión internacional en 2001.

Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor -en el que estaban Calvo y Bravo-: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. A todos ellos les cita entre el 9 y el 15 de enero de 2018.

El juez ordena además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y “asumió el peso de la explicación del proyecto” junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.

Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las “personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición” de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 73 millones de dólares para el Canal.

Con estas diligencias, el juez De Egea pretende “impulsar” la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra “en una fase muy incipiente”.

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que para la Fiscalía adoleció de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público”, que se centraron principalmente “en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato”.

Hay además “claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa, según los investigadores el valor de la empresa era de tan sólo 5.380.000 euros y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar”.

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.

La posible decisión de una imputación contra Gallardón queda en el aire a la espera de analizar, por parte de la Audiencia Nacional, los informes y otras pruebas que debe aportar la UCO. Por eso el magistrado también pide la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron en 2001 el contrato de compra de la empresa Inassa. Esta investigación es una pieza separada de la Operación Lezo que ya llevo a prisión preventiva al antiguo presidente de la Comunidad Madrileña, Ignacio Gonzalez. - D.N.

el dato

Precio. La compra de Inassa la acordó el Consejo de Gobierno de Madrid por 83 millones de euros cuando según los investigadores su valor era de 5,5 millones.