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A 10 años de la Ley de Memoria Histórica

Por Joseba Eceolaza - Sábado, 30 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h

se cumplen diez años de la aprobación de la Ley estatal de Memoria Histórica, y por eso conviene hacer un balance crítico de estos años. Tras esa norma general han venido algunas leyes autonómicas como la valenciana y la andaluza y sobre todo la navarra, que presentada por Izquierda-Ezkerra fue pionera y marcó una hoja de ruta importante en esto del reparar y el recordar.

Esta ley estatal supuso un cambio evidente en la forma en la que abordábamos la memoria histórica, tuvo su mérito hacerlo pero se quedó corta en muchos aspectos. Por eso es preciso tener en cuenta una cuestión previa;que a 32 años de la muerte del dictador Franco se tuviera que hacer una ley de memoria histórica es el síntoma de un fracaso colectivo.

Mirar de forma crítica a la Transición es sano, y nos previene de cierta autocomplacencia generacional. Y no lo planteo desde un juicio sumario hacia lo que se hizo ni hacia quienes lo hicieron, pero es evidente que si hoy España es el segundo país del mundo con mayor número de personas desaparecidas, es porque de fondo aquel pacto ni reconcilió ni fue ejemplar, en muchos aspectos.

En primer lugar, y como elemento positivo, esta ley normalizó el debate de la memoria histórica, cuestión no menor. Porque hasta entonces fueron pocas las instituciones que se preocuparon por los familiares de los asesinados en 1936. Y debatir sobre ello hizo aflorar una realidad de la que la mayoría de la sociedad pasaba. Fueron los movimientos sociales, las asociaciones de familiares, historiadores comprometidos y algunos partidos políticos quienes pusieron los primeros adoquines de ese camino, que en 2007 ratificó el primer gobierno de Rodríguez Zapatero.

Tras la aprobación de esa ley las asociaciones recibimos fuertes subvenciones para abordar las principales cuestiones de la memoria. En Navarra por ejemplo gracias a esas ayudas se construyó el Parque de la Memoria (120.000 euros de ayuda), se realizó parte de la exhumación del cementerio de las botellas y se grabó el documental A un paso que DIARIO DE NOTICIAS repartió un 14 de abril. Son estos unos pocos ejemplos, pero se hicieron muchísimas cosas, hasta que el PP accedió otra vez al poder y eliminó cualquier ayuda.

En esa norma aprobada en 2007, se reconoció la aportación de las Brigadas Internacionales y se nombró por primera vez a los guerrilleros antifranquistas que se echaron a los montes con más voluntad que medios. Además se fijó una orientación para la eliminación de los símbolos franquistas y el acceso a los terrenos en el momento de la exhumación. Aunque de forma insuficiente, por ejemplo en el caso de la Guardia Civil, se facilitó el acceso a los archivos. Y se reconoció el derecho de los familiares a recibir un documento de reparación, derecho que ha sido celebrado por multitud de familiares en varias ocasiones con actos organizados por Affna36 y el Parlamento de Navarra.

Pero a diez años de la aprobación de esta ley, también hay que hablar de las sombras, que son muchas y considerables.

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En mi opinión, en la exposición de motivos, en la introducción, se tenía que haber sido más explícito con los motivos de por qué a 70 años del golpe de Estado franquista es necesaria una ley de reparación. Se pasó sobre eso como si nada, como si en la propia presentación de la ley en 2007 no fuera implícito el pecado de la misma.

En segundo lugar, a pesar de que, en esos primeros momentos, las fuertes subvenciones para realizar exhumaciones provocó una eclosión de las mismas, no deja de ser una subcontratación de las asociaciones para una tarea que evidentemente es de responsabilidad pública (como así lo reconoce la Ley navarra de Memoria Histórica aprobada en 2013). Cuando una asociación entrega el cuerpo de un desaparecido, no solo está abordando un problema íntimo y privado de una familia, está sobre todo encarando un problema de la sociedad.

Tampoco trató de deslegitimar definitivamente y para siempre al franquismo, y sus manifestaciones públicas. Así, se da la terrible paradoja de que en el país con mayor número de desaparecidos de Europa, la Fundación Franco recibe subvenciones públicas. Sin un régimen sancionador, no se produjo una eliminación masiva de los símbolos franquistas, sin una mayor contundencia en este tema hay ayuntamientos y diputaciones que no actúan.

No se quiso abordar el asunto de la anulación de los juicios franquistas, que por supuesto no tuvieron ninguna garantía judicial. Ni se quiso ampliar el abanico de menciones y homenajes públicos a los asesinados por los nazis en los campos de concentración, ni a las pelonas, ni a los diversos colectivos perseguidos por el franquismo, y tampoco se fomentaron ni desde el Congreso de los Diputados ni el Gobierno de España los homenajes a los cargos públicos asesinados. Ni se entró de lleno en el ámbito educativo y los libros de texto, ni se protegieron los lugares de la memoria, ni se termina de abordar de forma seria el asunto del Valle de los Caídos.

Por suerte en Navarra, como he dicho, tenemos una ley foral propia desde 2013 y una asociación de familiares de fusilados con implantación y prestigio público, hay un fuerte movimiento social que empuja e impulsa y una red de ayuntamientos que lidera y apoya.

Muchos de los vacíos de la ley estatal se producen por el miedo atávico que, a veces, existe en los gobiernos (en plural) a hacer cosas rompedoras. Ahogarse en el mar de la burocracia paraliza y sobre todo hace que los ojos con los que se mira a ciertos temas estén más llenos de cálculo que de corazón. Logramos, otra vez, ser la primera comunidad en legislar sobre el asunto de los bebés robados, superando las dificultades que entraña algo así porque, por un momento, logramos separarnos de lo técnico para alcanzar con nuestra mano lo humano.

Esperemos que a los diez años de nuestra ley foral cuando tengamos que hacer balance, no se hayan quedado cosas sin desarrollar por la pereza administrativa que a veces da romper algunas inercias. Mientras, seguiremos con nuestros cuentos y nuestras cuentas agrandando un movimiento como el de la memoria histórica que carece de sentido a futuro si no tiene un fuerte impulso ético resumido en el “nunca más y para nadie aquellos horrores”.

Somos deudores de las ideas de aquella gente republicana que fue asesinada en Navarra, por eso la mejor aportación de cualquier ley, y de cualquier iniciativa, es la de recuperar aquellas ideas de libertad, justicia y avance social.

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