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Jueces navarros aplican el fallo del TJUE y evitan expulsar por su arraigo a extranjeros condenados

El magistrado que acudió a Europa dicta ya dos sentencias contra sendas expulsiones
Da la razón a los recurrentes por ser residentes de larga duración y tener aquí familia y trabajo

Enrique Conde - Martes, 2 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Fachada del Palacio de Justicia de Navarra.

Fachada del Palacio de Justicia de Navarra. (Oskar Montero)

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  • Fachada del Palacio de Justicia de Navarra.

pamplona- Un juez navarro que ejerce en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya ha empezado a resolver en contra de varios procedimientos de expulsión dictados contra ciudadanos extranjeros con residencia de larga duración y condenados a más de un año de prisión tras aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que resolvió recientemente sobre una cuestión prejudicial planteada por este mismo magistrado. Europa sentenció que se debían valorar las circunstancias familiares y personales y el arraigo de estos extranjeros condenados. Si el TJUE dictó, a raíz del caso en Navarra, que se debía proceder a la valoración individual de cada caso y la ponderación de esas circunstancias de arraigo y entorno siempre y cuando el condenado no represente una “amenaza seria y real para la seguridad pública”, el juez de lo Contencioso Administrativo 1 de Pamplona, que era quien planteó la cuestión, ya ha dictado las primeras resoluciones que tenía paralizadas a la espera de Europa y teniendo en cuenta lo dictado por dicho tribunal. En dos casos que resuelve ahora alega que el arraigo, las circunstancias de estos ciudadanos con residencia de larga duración y la no representación de una amenaza grave actual para la seguridad público son impedimento suficiente para no expulsarles.

Las sentencias dan respuesta a dos recursos planteados por el abogado Iván Jimeno Moreno contra la decisión de la Delegación del Gobierno de expulsar del país a dos ciudadanos norteafricanos y prohibirles la entrada durante cinco años por tener condenas de más de un año de cárcel. En el primero de los casos, se trata de un ciudadano marroquí que alegó que trabajaba legalmente en España, que tenía pareja e hijo menor con los que reside, que su pareja sufre una grave enfermedad mental y que su padre y el resto de su familia también viven aquí. La Administración se oponía a la demanda ya que entendía que concurría la causa de expulsión y que el empadronamiento de la pareja de hecho fue posterior a la incoación del expediente de expulsión y el registro como pareja fue posterior a la resolución. Subrayaba que el demandante no había trabajado desde 2010 y que no acreditaba arraigo solvente.

condena en 2006 y con familia aquíEl juez resalta que el demandante, de 37 años, tiene residencia permanente desde mayo de 2004 y que obtuvo la de larga duración desde septiembre de 2010 y que, por ello, la resolución administrativa que le expulsaba no pondera ni toma en consideración esas especiales circunstancias de protección contra la expulsión del residente de larga duración. Tiene una pareja de hecho estable (que sufre esquizofrenia paranoide) con la que convive en Pamplona y acreditó haber seguido diversos cursos de formación profesional multidisciplinares y programas de inserción laboral, así como haber trabajado durante más de siete años por cuenta ajena y de tener un contrato temporal desde 2017 en una cadena de supermercados.

Este hombre había sido condenado por una agresión sobre una mujer que estaba embarazada, a la que golpeó en cabeza y vientre, y luego se resistió a la detención de los agentes. Se le acusaba de cambiar de domicilio sin comunicarlo a las autoridades, dificultando con ello su localización y posterior ingreso en prisión. En base a esto, el juez reseña que “si bien de lo anterior cabría compartir la concurrencia de que este ciudadano podría representar una amenaza seria para el orden público, mucho más discutible es que esa amenaza sea actual, según exige la Directiva comunitaria, habida cuenta de que esos hechos se produjeron según los hechos probados en la sentencia del juzgado de Castellón de mayo de 2006. Después de la misma no le consta ninguna otra condena penal al demandante”.

Por ello, el juez estima el recurso porque tal y como dice el TJUE “la circunstancias de arraigo en el ciudadano con residencia de larga duración hace exigible un plus de motivación a la Administración a la hora de tomar la decisión de expulsarle, no resultando válido el mero automatismo o identificación directa de la condena penal con la existencia de causa de expulsión porque esa condena no implica necesariamente, siempre y en todo caso, que el penado sea una amenaza actual, real y grave para el orden público y porque, aunque así lo fuera, habrían de valorarse las demás circunstancias de la directiva comunitaria relativas a la duración de la residencia en el territorio, la edad del implicado, las consecuencias para él y su familia, así como sus vínculos con el país de residencia y su ausencia de vínculos con el origen”.

El otro de los casos, que también afectaba a la expulsión de un ciudadano magrebí de 28 años, expulsión que fue recurrida, se resuelve de idéntica forma. En este caso se trataba también de un residente de larga duración (más de 20 años), que convive con sus padres y hermanos, tiene trabajo y carece de lazos personales en Marruecos. Fue condenado por tres delitos a seis meses de prisión por cada uno de ellos (1,5 años de cárcel en total) pero la reforma legal del Código Penal de 2015 dejó su condena en una multa.

La Administración, sin embargo, entendía que la conducta del recurrente resulta negativa por la condena y por los numerosos antecedentes penales que tiene, niega que conste acreditado su grado de integración en España, destaca que sus trabajos son esporádicos y que se empadronó en una localidad de Sakana justamente en la época de su condena penal, además de no acreditar un sustento familiar solvente ni tener hijos a su cargo por lo que su expulsión, decía la Delegación, “no provoca una ruptura de un vínculo familiar dependiente”.

expulsarle no solo por la condenaPero el juez desatiende esta pretensión y resuelve estimando la demanda del ciudadano extranjero ya que precisa que la resolución administrativa no efectúa ninguna valoración de las circunstancias de los hechos delictivos cometidos, sino que por el contrario asume directamente el solo hecho de la condena en sí. Tan solo alude a la existencia de otros antecedentes penales previos para reputar con todo ello en su conjunto que el hoy demandante ha atentado gravemente contra el interés general. Pero no se realiza para ello una evaluación de las concretas circunstancias de hecho de aquellas condenas ni de la afección de las mismas al orden pública. Y tampoco se efectúa un esfuerzo valorativo de la nota de actualidad de esa amenaza para el orden público que puede representar el demandante, tal y como exige la norma, cuando por el contrario los hechos por los que fue condenado datan de mayo de 2008. Por último, entiende el juez que la Administración no valoró ni evaluó ninguno de los factores personales del demandante, que revelan estables y permanentes vínculos familiares y sociales del demandante en el Estado español.

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