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Denuncian al prior del Valle de los Caídos por no permitir exhumaciones

Familiares de 8 enterrados en el mausoleo franquista le acusan de atentado contra la autoridad y desobediencia

C. C. Borra - Miércoles, 3 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h

Imagen de archivo del Valle de los Caídos, que sigue estando en el ojo del huracán.

Imagen de archivo del Valle de los Caídos, que sigue estando en el ojo del huracán. (Foto: Efe)

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Imagen de archivo del Valle de los Caídos, que sigue estando en el ojo del huracán.

pamplona- Una docena de familiares de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos han denunciado al prior administrador de esa abadía, Santiago Cantera, porque, según alegan, se ha negado a realizar los trabajos de exhumación de los restos mortales de sus parientes. Eduardo Ranz, el abogado que presentó ayer las denuncias ante un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), señalaba en un comunicado difundido ayer que Cantera ha cometido “un delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de desobediencia y resistencia” al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.

Según el letrado, Patrimonio Nacional ha reconocido el derecho a exhumar de las familias afectadas tras resolver que se trata de “una sepultura de cementerio público y no religioso”. Con estos argumentos, solicita en las doce denuncias interpuestas que se condene al responsable de la abadía benedictiniana de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a “realizar trabajos de exhumación a plena fosa”.

Asimismo, Ranz pide al prior que se “disculpe cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo” y que se entreviste con familias víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Además, reclama que “sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”. De los ocho cuerpos cuya exhumación se solicita, dos pertenecen al bando nacional y seis al republicano.

El abogado explica que una resolución de Patrimonio Nacional establece que a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos les corresponde la calificación jurídica de “cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia sin que, por tanto, tenga la condición de lugar sagrado ni les alcance por ello la garantía de inviolabilidad” del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede.

Los abogados que han presentado la denuncia recuerdan una resolución de Patrimonio Nacional emitida el año pasado que “reconoce el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los restos mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno”. Las denuncias, que ya han sido registradas, aún no han sido admitidas a trámite.

Ranz lamenta que el responsable del Valle de los Caídos no cumpla con las sentencias judiciales. “Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia de que unos están en la cárcel y otros en misa”, critican los abogados en alusión a los dirigentes soberanistas catalanes que están en prisión provisional. La razón por la que se han presentado doce denuncias es que algunas estas impulsadas por distintos miembros de la misma familia.

El padre Santiago Cantera llegó a negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y envió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres de franquistas y víctimas del franquismo, así como los hermanos Lapeña, que un juez ha ordenado exhumar.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación por la vía civil de los restos mortales de estos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Sus descendientes también se han unido a las denuncias presentadas ayer por Ranz contra el prior.

Garantía de inviolabilidadEntre la argumentación presentada en las denuncias, los querellantes recuerdan que el pasado 9 de marzo de 2017 Patrimonio Nacional emitió una resolución dirigida a la abadía benedictina por la que se concluye que a los osarios “les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia”. Por lo tanto, alegan que este emplazamiento no tiene “la condición de lugar sagrado” y por ello no le ampara “la garantía de la inviolabilidad” recogida en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede.

Restituir los bienes expoliados

Tras la muerte de Carmen Franco

Pazo de Meirás. Esta nueva polémica en torno al Valle de los Caídos se ha producido apenas unos días después del fallecimiento de la única hija de Francisco Franco, Carmen, deceso que dejó al descubierto los litigios que mantiene la familia del dictador. Acusado de llevar a cabo un expolio durante los cuarenta años de dictadura, la devolución del Pazo de Meirás se ha convertido en el símbolo de esta lucha por restituir todos estos bienes. El partido En Marea ha solicitado asimismo en el Congreso la modificación de la Ley de Memoria Histórica para que declare la “nulidad de las sentencias y del régimen franquista”.