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corrupción en el partido popular

El Consejo de Europa lee la cartilla al Gobierno de Rajoy por su escaso compromiso contra la corrupción

Sólo se han aplicado 7 de las 11 sugerencias y, además, de forma parcial

Una de las iniciativas no cumplidas es el código de conducta en el Parlamento para prevenir los conflictos de intereses

Jueves, 4 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:15h

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. (EFE)

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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

pamplona- España no ha cumplido plenamente con ninguna de las once medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente. Es la conclusión del informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco, en sus siglas en inglés), que ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones “globalmente insatisfactorio”. Una de las iniciativas no cumplidas es el código de conducta en el Parlamento para prevenir los conflictos de intereses. El Gobierno de España ha asegurado a las autoridades europeas que “no es posible que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso” a la Fiscalía General

El Greco lleva desde 2005 haciendo “rondas de evaluación” a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

En el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, el GrRECO concluye que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente. Esto, sin embargo, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos.

Pero, según el Greco, los progresos que se han hecho son “limitados” y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo “en general insatisfactorio”. Ahora España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Entre las principales recomendaciones, el Greco subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.

Se trata de informaciones como el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

código éticoIgualmente, el organismo dependiente del Consejo de Europa recomienda que se adopte un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses, que sea de conocimiento público y que asesore a los parlamentos.

Otra de las medidas que el Greco había sugerido y en la que esta vez sí observa avances es el establecimiento de unas normas sobre la relación entre los diputados y senadores y los lobbies,gracias a la proposición de ley que presentó el PP para crear un registro público de estos grupos de interés.

Por otro lado, el Greco muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramientos de los altos cargos judiciales. Por ello, acoge en buena medida la puesta en marcha de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, hace hincapié en que los parlamentarios “no deberían participar en ninguna etapa” del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pues hasta el momento son los diputados los que eligen a la cúpula judicial.

Esta iniciativa es una de las muchas que se estudian en la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados creada para lograr una Estrategia Nacional de Justicia. Según el presidente del Greco, Marin Mrcela, este grupo de trabajo es aplaudido porque es “tendente a introducir mejoras en la independencia y la eficacia del poder judicial, incluyendo cambios en el sistema de nombramientos de sus órganos de gobierno y en algunas altas magistraturas”.

fiscalíaPor otro lado, en relación con la idea de dotar de mayor autonomía y garantizar la independencia del Ministerio Público, el Greco reconoce que, en el último año, se ha ido cumpliendo recomendaciones sobre este sentido.

Valora positivamente que en 2018 se concluya la modificación de un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que el Consejo Fiscal adopte un código de principios éticos --a la espera de que se apruebe definitivamente--, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien valore las declaraciones de compatibilidad o incompatibilidad de los fiscales, en vez de que lo haga el Ministerio de Justicia.

No obstante, da un toque de atención sobre las comunicaciones entre el Gobierno y la institución que dirige Julián Sánchez Melgar. El EOMF señala que las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Ejecutivo se llevarán a cabo por el conducto del ministro de Justicia y por medio de la memoria anual sobre la actividades del Ministerio Público, con el fin de evitar de que se le den instrucciones concretas que promueva una “acción de política criminal general”.

El organismo europeo señala que esta relación debe realizarse de “manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada”.

Por su parte, el Gobierno, además de poner al tanto de las iniciativas legislativas que se están llevando a cabo para cumplir todas las recomendaciones, recordó al Greco que España ha estado casi un año con un gobierno en funciones. - D.N./E.P.

caso de la caja b del pp

bárcenas pide apartar a otro juez

Sería el tercer recusado. El extesorero del PP Luis Bárcenas no quiere que haya rastro del tribunal que le ha juzgado en Gürtel en el próximo juicio por la caja B que tendrá lugar en este 2018. La defensa del extesorero ha solicitado que se aparte al magistrado José Ricardo de Prada, el único que ha resistido a la polémica modificación del tribunal que ha acabado con la mayoría que posibilitó citar a Mariano Rajoy como testigo. El tribunal que juzgará la presunta financiación irregular del PP iba a estar formado por los tres mismos magistrados que han dejado visto para sentencia el primer gran juicio de Gürtel pero ahora es posible que no esté ninguno.

obsequios

El informe pide más transparencia a los parlamentarios con sus regalos y viajes. El informe pide a España que los parlamentarios detallen en sus declaraciones de bienes los regalos que reciban y los viajes a los que sean invitados, así como las empresas donde tengan participaciones o acciones y sus ingresos por dietas o compensaciones. Sobre los parlamentarios, hace cuatro recomendaciones, de las que España no cumple dos: adoptar un código de conducta público y crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los diputados y senadores.

Y Rajoy, de inauguraciones. Mientras Europa reprendía al Gobierno por su poco compromiso en la lucha contra contra la corrupción y se conocían nuevos datos que implicaban en la misma el PP y a algunos de sus dirigentes, Mariano Rajoy dedicó su primer acto público de 2018 a la inauguración de la ampliación de la circunvalación de Santiago de Compostela y en el que estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo;el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna;y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Allí sacó pecho por la situación económica. Pero de la corrupción, ni pío.