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podría suponer la dispersión de 300 presos

“Preocupación” entre los funcionarios y reclusos ante el posible cierre de Martutene

La clausura de la prisión sin la construcción de las instalaciones de Zubieta puede suponer “la dispersión de más de 300 presos”

Jorge Napal / Ruben Plaza - Miércoles, 10 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h

Internos de la prisión donostiarra, en una foto de archivo de una jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación.

Internos de la prisión donostiarra, en una foto de archivo de una jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación.

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  • Internos de la prisión donostiarra, en una foto de archivo de una jornada de puertas abiertas a los medios de comunicación.

donostia- La reunión que tendrá lugar hoy en Madrid entre el Ayuntamiento de Donostia y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) ha despertado tanto interés como preocupación entre los reclusos de la cárcel de Martutene. No solo ellos están concernidos. Sus familiares, las entidades sociales de apoyo y los trabajadores del centro penitenciario aguardan con expectación el resultado de una reunión que compromete su futuro, tras un compás de espera que se prolonga desde hace más de una década.

Temen la “dispersión de más de 300 presos” y la compleja reorganización que conllevaría el cierre de la vieja prisión donostiarra antes de que se construya la nueva cárcel proyectada en el polígono de Eskuzaitzeta, en la zona de Zubieta. El traslado a las prisiones más cercanas es hoy por hoy la alternativa más factible, ya que a pesar de que ni siquiera está licitada la obra de la nueva prisión proyectada en Zubieta, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, juzga “imprescindible” liberar los terrenos de la actual prisión.

Se trata de una de las cárceles más antiguas y obsoletas que siguen en uso en el Estado español, así como de las más saturadas, con 220 personas en régimen cerrado y otras cien en tercer grado.

Madrid admite que ha llegado el momento de abordar esta cuestión, sobre la mesa desde 2005, cuando la entonces directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se comprometió a acelerar un traslado que nunca llegó. Las instalaciones de Zubieta se licitaron en 2013, aunque la actuación fue suspendida para rehacer el proyecto.

“A lo mejor es posible que, sin ser necesario que esté construida la prisión nueva, podamos liberar los terrenos y se cierre la de Martutene”. De esta respuesta que dio el ministro Zoido en el Congreso al diputado del PNV Mikel Legarda, fuentes cercanas a las negociaciones interpretan que “esta vez sí se ha tenido que avanzar en algún plan concreto”. El alcalde de Donostia, Eneko Goia, urgirá hoy al cierre inmediato de la cárcel. La ejecución del plan alternativo, en cualquier caso, no parece ni mucho menos sencilla y presenta múltiples aristas, supeditada además a la aprobación de los presupuestos generales para este año.

Por un lado, está en juego el desarrollo urbanístico del barrio de Txomin Enea. Liberar los terrenos de Martutene permitiría abordar la segunda fase de construcción, que prevé añadir 350 viviendas a las cerca de 900 que están en ejecución. El barrio ha sufrido una profunda transformación, ha recrecido unos seis metros para evitar las inundaciones y la cárcel se ha quedado como una isla obsoleta y hundida. Goia solicitará al presidente de la SIEP, Miguel Contreras, un calendario concreto de actuación para poder acometer esa segunda fase del barrio que espera como agua de mayo.

Infraestructuras y personasPero solo es una de las incógnitas a despejar porque “más allá de las infraestructuras hay personas”. Así lo indican desde la red de trabajo ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa), que aglutina a una veintena de organizaciones sociales dedicadas al ámbito penal y penitenciario. El objetivo de esta agrupación es elevar la realidad penitenciaria a la agenda política y la sociedad. La red entiende la necesidad de vivienda que tiene Donostia y que la prisión de Martutene está obsoleta, pero en el debate echa de menos “que no se hable sobre el modelo penitenciario que nos planteamos para la CAPV, y de la posibilidad de abordar un análisis profundo”.

“Las personas presas, en todo caso, no son mercancía para llevarlas y traerlas como paquetes”, según denuncia la trabajadora social Haizea Baltasar, en representación de este colectivo.

El jueves pasado mantuvieron una reunión con el alcalde de Donostia para abordar esta misma cuestión. Le transmitieron que “junto al interés urbanístico esté presente en la cita de Madrid la situación de preocupación que se ha generado, sobre todo entre los familiares de los reclusos, casi todos guipuzcoanos”.

Goia admitió ayer que el traslado de la prisión de Martutene “no solo es necesario” por ser “una pieza clave” para poder continuar con los desarrollos urbanísticos en la zona, sino por “la situación deficiente” en que se encuentra la actual infraestructura y, en consecuencia, los reclusos que cumplen condena.

A pesar de las graves carencias estructurales y funcionales de la prisión donostiarra, la cárcel de Martutene está muy insertada en el núcleo urbano, algo que facilita mucho las visitas. Una accesibilidad con la que no cuenta el proyecto de las instalaciones de Zubieta, y “aún menos” las alternativas más factibles que hoy por hoy se presentan. “La cárcel de Zaballa está a quince kilómetros de Vitoria, en medio de la nada. Es normal que muchas familias de reclusos estén viviendo esta situación con preocupación”, indican los colectivos sociales.

El traslado de los presos a la cárcel de Iruñea se antoja todavía más complicado teniendo en cuenta que, “al tratarse de otra autonomía exigiría una serie de cambios administrativos. Es decir, servicios como el de Osakidetza y Lanbide quedarían desactivados y los reclusos tendrían que empadronarse de nuevo. Cambiaría el sistema de acceso a los servicios sociales y deberían empezar con los expedientes desde cero”, apuntan estas entidades.

preocupación laboralLos 161 trabajadores de la cárcel de Martutene -151 funcionarios y diez laborales- también están viviendo con mucha preocupación estos compases previos. Aitor Igarzabal, responsable de ELA en la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, asegura que las palabras del ministro Zoido en las que dejó abierta la puerta a un posible traslado “han generado incertidumbre, puesto que los funcionarios tendrían que desplazarse a otros lugares y por el momento no saben a qué atenerse”.

Tanto los reclusos como las entidades sociales tienen buenas palabras para el equipo de tratamiento que trabaja en el centro, “que desaparecerá si se procede al cierre”.

La solución, en cualquier caso, no se antoja inminente. El plan de actuación previsto “debe estar “en una fase preliminar” puesto que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias no tiene constancia de novedad alguna, dice el portavoz sindical. “De lo contrario ya tenían que habernos convocado a los representantes de los trabajadores y no lo han hecho”, apunta.

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