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El Gobierno foral denuncia la política de la UE con los refugiados

El vicepresidente de Derechos Sociales traslada la actitud “profundamente crítica” del Ejecutivo

Viernes, 12 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:15h

pamplona- El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, trasladó la actitud “profundamente crítica” del Gobierno de Navarra respecto a la política de la Unión Europea y sus estados miembros en cuanto a la reubicación de personas solicitantes de asilo. El consejero respondía así en la sesión de control al Gobierno de ayer a la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde sobre la actitud del Ejecutivo foral frente al incumplimiento por parte de la Unión Europea y del Estado español en lo referente a la reubicación de personas solicitantes de asilo.

Tras exponer un “profundo escepticismo” respecto a la evolución del sistema de acogida y refugio a nivel estatal, Laparra mostró una actitud especialmente crítica con los estados “menos cumplidores, como el español”. Considera que la UE “debería ser especialmente contundente en la aplicación de las sanciones planteadas para los estados menos cumplidores o que manifiestamente están incumpliendo los compromisos adquiridos”.

“El Gobierno está plenamente comprometido en garantizar y reconocer los derechos sociales para todas las personas en Navarra”, declaró tras recordar que el Ejecutivo foral “ha manifestado siempre su disposición a una plena colaboración con las instituciones europeas y españolas para reforzar la capacidad de acogida”. Según explicó, la Comunidad Foral cuenta con 180 plazas, 70 de ellas creadas recientemente. “Con eso, Navarra se posiciona como una de las primeras en mayor número de plazas de acogida por cada 10.000 habitantes: 3 por cada 10.000”, dijo.

Además, precisó que se ha establecido una nueva línea de apoyo complementario planteando subvenciones para entidades que colaboren en este programa de asilo y refugio, iniciativa que previsiblemente continuará en 2018 y que en 2017 contó con una dotación de 80.000 euros. Laparra señaló que desde 2015 son ya más de 300 las personas acogidas, de ellas 126 menores. “No nos hemos negado a recibir a ninguna persona de ningún origen”, destacó.

Por su parte, Fernández de Garaialde subrayó que “tener una actitud crítica está bien”, pero es “absolutamente insuficiente”. “Defendemos la plena competencia para definir políticas propias en todos los ámbitos como única manera de garantizar los derechos de todas las personas”, reivindicó la parlamentaria, que en su intervención inicial trasladó su apoyo y solidaridad a la activista Helena Maleno llamada a declarar en Marruecos “por todo lo que está pasando por defender el derecho a la vida de muchísimas personas”. - Efe

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