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Las políticas de austeridad lastran ahora la recuperación económica

Montoro presiona a los interventores para evitar que las administraciones incrementen el gasto
La ley de Estabilidad limita la inversión y prioriza el pago de la deuda
Navarra busca un margen para invertir los 215 millones del Convenio

Ibai Fernandez - Domingo, 14 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en Madrid.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en Madrid. (Foto: Juan Carlos Hidalgo (Efe))

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en Madrid.

Pamplona- Este 2018 se cumplirán diez años desde el inicio de la crisis económica. Una década marcada por dos recesiones, un enorme drama social y una deuda disparada. También por unas políticas de austeridad que han conseguido equilibrar las cuentas públicas a base de recortes y limitaciones de gasto que ahora, cuando la economía empieza a mostrar síntomas de mejora, lastran el margen de maniobra de las administraciones públicas. Ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso los propios ministerios tienen limitada su capacidad de inversión, aunque tengan recursos económicos para ello. La normativa se ha convertido en dogma.

Lo acaba de comprobar Navarra, que ha visto cómo el Ministerio de Hacienda le limita la reinversión de los 215 millones que ha recibido tras la renovación del Convenio Económico. Su destino, sin embargo, está limitado por una férrea legislación que el departamento de Montoro aplica a rajatabla, vigilante ante lo que pueda decidir ahora el Gobierno foral. De momento, ya ha remitido una carta a la Intervención General recordándole la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada en 2011.

En realidad, no se puede entender la situación actual sin recordar todo lo que sucedió aquel verano. Después de tres años de crisis la economía navarra empezaba a superar la recesión con buenos datos de crecimiento. “Vamos como un tiro”, había llegado a decir apenas unos meses antes el entonces consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, que había apostado por un multimillonario plan de inversiones para hacer frente al estallido de la burbuja inmobiliaria y el aumento del paro.

En realidad, aquella fue una receta compartida por muchas administraciones, incluido el Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, que sustituyó los cheques bebé por el denominado Plan E para que todos los ayuntamientos de la geografía española acometieran obras públicas con las que suplir la falta de iniciativa privada.

Pero como la crisis había desplomado la recaudación, todo se fue regando con mucha deuda pública. Hasta que los mercados dijeron basta. Lo hicieron en aquel mes de agosto de 2011 en el que por primera vez empezamos a oír hablar de la prima de riesgo, y en el que el Banco Central Europeo tuvo que salir al rescate de los países del sur de Europa para evitar su quiebra. Una ayuda que sin embargo tenía un precio: las duras políticas de austeridad.

Una larga travesíaFue precisamente en aquel mes de agosto cuando el Gobierno del PSOE, con el apoyo del PP y presionado por los principales líderes europeos, promovió la reforma del artículo 135 de la Constitución. Una norma que consagraba que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Y que tanto el Estado como las comunidades autónomas “no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos”. Unos “márgenes” que se fijarían después en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es precisamente la que determina hoy el límite de déficit, la deuda y la regla de gasto para todas las administraciones.

Aquellas medidas, aplicadas con convicción al principio y resignación después, fijaron un marco regulatorio muy estricto que pretendía reducir el progresivo endeudamiento de las entidades públicas. En cierto modo, lo ha conseguido. Porque los ayuntamientos, limitados en sus inversiones, acumulan superávit que sirve para cuadrar las cuentas del Gobierno. Y porque las comunidades han reducido progresivamente su déficit hasta los límites exigidos por Hacienda con un esfuerzo superior al que ha realizado la propia Administración central, curiosamente quien más veces ha incumplido sus propios límites, y que este año volverá a emitir deuda para poder pagar las pensiones.

Por supuesto, las políticas de austeridad también han tenido consecuencias negativas. De entrada, una merma en los servicios públicos, limitados en personal, medios e infraestructuras que se tardará años en recuperar. También la prolongación de una crisis que las medidas de austeridad no hicieron sino profundizar en sus primeros años disparando el paro y aumentando el drama social. Y junto a todo ello, una consecuencia colateral para Navarra, que ha visto recortado notablemente su autogobierno. Tanto en su capacidad para emitir deuda y plantear políticas económicas alternativas, como en la gestión de la Función Pública.

Pese a su autonomía fiscal, refrendada en la última renovación del Convenio, hoy en día Navarra necesita autorización para emitir deuda o para plantear políticas económicas expansivas, y no puede subir el sueldo a los funcionarios ni puede aprobar ofertas de empleo público si antes no recibe el visto bueno de Madrid. La reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria son, posiblemente, el mayor recorte de autogobierno desde la aprobación de la Lorafna en 1982.

Un problema para el futuroDiez años después del inicio de la crisis la austeridad sigue vigente, y con ella, sus exigencias presupuestarias. Lo que supone un nuevo lastre para una recuperación económica que empieza a despuntar, pero que no va a contar, al menos a medio plazo, con la inyección de inversión pública que seguramente necesita.

Porque si durante los primeros años de su aplicación el Ministerio de Hacienda se esforzó en que las administraciones redujeran el déficit (la diferencia entre los ingresos y el gasto público) hasta prácticamente el 0%, el objetivo ahora es limitar el incremento presupuestario, obligando a destinar el superávit fiscal al pago y reducción de la deuda. Es lo que se conoce como la regla de gasto, que impide aumentar la inversión más que el crecimiento estimado a medio plazo.

Una pared con la que choca ahora el Gobierno de Navarra, que pese a haber ordenado las cuentas públicas, reducido el déficit y mejorado la recaudación, tiene dificultades para ejecutar los 215 millones que recibe de Convenio. Un marco de juego estricto, como ya ha podido comprobar el Ayuntamiento de Madrid, que ha renunciado a buena parte de sus proyectos para este año por la amenaza de intervención del Ministerio de Hacienda. Y que el Ejecutivo foral estudia ahora con detalle en busca de márgenes que, sin incumplir la ley, le permitan encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la necesidad de dar una inyección financiera a la economía navarra. Montoro, por si acaso, vigila.