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El estudio sobre banca pública concluye que solo una minoría de los consultados la ve necesaria

Recuerda que se trata de una decisión política, que Navarra tiene capacidad económica para crearla pero dificultades para hacerla crecer y que no hay impedimento jurídico

Juan. Ángel Monreal / Javier Bergasa - Martes, 16 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h

Un artista callejero, frente a la sede de la antigua Caja Navarra.

Un artista callejero, frente a la sede de la antigua Caja Navarra. (Javier Bergasa)

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  • Un artista callejero, frente a la sede de la antigua Caja Navarra.

pamplona- Navarra dispone de capacidad económica para poner en marcha una banca pública, no existe ningún impedimento jurídico para ello y se trata de una decisión fundamentalmente política. Pero, del mismo modo, el estudio encargado por el Gobierno de Navarra detecta que apenas una minoría de los agentes consultados la considera necesaria en la Comunidad Foral y que, más allá de la inyección de un capital inicial de 18 millones de euros, el funcionamiento de una nueva entidad financiera necesitaría de una aportación de recursos públicos quizá excesiva para una comunidad tan pequeña.

Estas son algunas de las conclusiones de los dos estudios encargados por el Ejecutivo foral, en respuesta al acuerdo de Gobierno alcanzado hace dos años y medio y con el que se pretende analizar la conveniencia de poner en marcha un instrumento financiero que aporte financiación y que rompa con la hegemonía absoluta del sector privado. El texto fue entregado ayer mismo a los partidos que apoyan el Gobierno, que han mantenido hasta el momento posturas diferenciadas sobre una idea que no cuenta con el respaldo de la oposición parlamentaria.

El Gobierno encargó dos informes: un estudio de opinión entre distintos agentes, elaborado por Bizilan, y un informe jurídico, redactado por los profesores de la Universidad Pública de Navarra Fernando de la Hucha y Rafael Lara. En el primero, se ha entrevistado a 27 agentes diferentes del mundo de las finanzas, de la banca comercial, de los sindicatos, de las entidades sociales, de las asociaciones empresariales y de otras instituciones y expertos. Y la conclusión quizá más relevante tiene que ver con la necesidad real de poner en marcha una banca de carácter público. Apenas una minoría de los consultados lo ve necesario, mientras que los opositores entienden que no existe “déficit financiero y más bien al revés, una situación de exceso de crédito”.

Quienes la rechazan señalan asimismo que la puesta en marcha de la entidad supondría detraer recursos de los presupuestos públicos para operar “en un mercado muy competitivo, muy regulado y con muy escaso margen de rentabilidad”. Asimismo el estudio identifica que a algunas personas les pesa la experiencia pasada, con el colapso del sistema de cajas de ahorro y el hundimiento de Caja Navarra aún presente en la memoria. Sí se ve necesario, sin embargo, crear nuevas líneas de financiación “para atender a los fallos del mercado”. Esas nuevas vías de financiación deberían atender, sobre todo, a los ámbito “de la innovación, vivienda, emprendimiento, autónomos y ONG, transformándose de facto en un instrumento de política económica”.

Pero, más allá de estas discrepancias, el informe identifica un axioma esencial: la decisión es política y tiene un claro componente de posicionamiento ideológico. Y de este modo algunos apuestan por crear un sistema financiero público, que considera que el acceso al crédito y al ahorro debe estar protegido y desarrollado públicamente. Este sistema financiero público vendría a ser sustitutorio del privado y, en alianza con la Comunidad Autónoma Vasca, permitiría a las administraciones acceder a financiación más barata para construir infraestructuras. Un segundo planteamiento considera el acceso a los servicios financieros esencial y apuesta por una opción despolitizada y de carácter público, en el que la ciudadanía tenga participaciones y se reviertan los beneficios en la comunidad.

También se menciona la posibilidad de materializar la banca publica en forma de instrumento financiero, similar a Sodena o a las sociedades de garantía recíproca, que permiten la concesión de préstamos participatiivos y la concesión de avales. Una posibilidad sería potenciar Sodena y otra más ambiciosa, la creación de un Instituto de Finanzas, que tendría una carácter promocional y estaría centrado en el préstamo.

Esta fórmula tendría poco que ver con lo que se entiende como una banca pública, pero salvaría una dificultad esencial: la de captar los depósitos de particulares necesarios para la puesta en marcha de una entidad comercial al uso.

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