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Todavía pendiente

La sentencia del caso Palau, como los juicios de los ERE, Bárcenas, Gürtel, Púnica y Lezo, evidencian la perentoria necesidad de actualizar y regular efectivamente y de una vez la financiación de los partidos

Martes, 16 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h

la sentencia de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona que condena a CDC y al extesorero del partido, Daniel Osácar, por financiación irregular (1999-2009) y a los exresponsables del Palau de la Música, Felix Millet;su hija Gemma y Jordi Montull por otros delitos es el fallo más contundente de la Justicia española en torno a la financiación ilegal de partidos desde el llamado caso Filesa que afectó al PSOE y que en 1997 concluyó con las condenas de José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, a quienes sin embargo un indulto parcial del gobierno de José María Aznar redujo las penas. Ya antes, el Tribunal Supremo había archivado, al rechazar la grabación de conversaciones telefónicas como prueba, el caso Naseiro, al que daba nombre el coordinador de Finanzas de AP y en el que estaban imputados quien sería su sucesor, Ángel Sanchís, y el vicesecretario del partido, Arturo Moreno. Y han pasado tres décadas y tres modificaciones de la ley de financiación de partidos pero hoy ambas formaciones, PSOE y PP, se ven asimismo afectadas por la trama de los ERE la primera y la segunda por el caso Bárcenasy la trama Gürtel con sus ramificaciones en Madrid y Valencia -cuyo juicio se celebra estos días- y los casos Púnica y Lezo, que el juez Manuel García Castellón ha unificado en una sola causa de financiación ilegal del partido que preside Rajoy. Entre unos y otros, en abril de 2011, hace ya casi siete años, el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa suspendía a España por no haber cumplido sus recomendaciones para subsanar deficiencias en el sistema de financiación de las formaciones políticas, que se sustanciaban en una deuda de los partidos superior a 200 millones de euros y que siguen sin solucionarse completamente -el 80% de su financiación procede de dinero público- pese a que en 2015 el Código Penal tipificaba por primera vez como delito la financiación ilegal. De hecho, la comisión parlamentaria creada en febrero de 2016 para actualizar la legislación, evaluar el régimen jurídico de los partidos y consensuar medidas para la independencia de los órganos reguladores sigue teniendo aún hoy pendientes sus primeras conclusiones, pese a que la financiación de los partidos es quizá el principal problema para la independencia de los mismos y, en consecuencia, para la credibilidad de la política y la protección de la democracia.

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