Riesgo cierto de recentralización

Por Alberto Ibarrola Oyón - Martes, 16 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:10h

catalunya ha votado de nuevo, esta vez tras haber sufrido un grave atropello, con una aplicación arbitraria del artículo 155 de la CE que derrocó un gobierno legítimo, aupado por las urnas. El resultado de unas elecciones donde la alta participación supuso un factor de primer orden ha devuelto a los partidos nacionalistas catalanes la legitimidad de gobernar, arrancada por la fuerza y la imposición. Que miembros del Govern hayan sido encarcelados, hasta un vicepresidente, bajo la acusación terrible de haber habilitado espacios y urnas para que la sociedad catalana pueda votar constituye un escándalo histórico y una vergüenza para la democracia española, que no ha estado a la altura de este reto. Si no se reforma la Constitución de 1978 con el fin de abordar adecuadamente el problema territorial o, peor todavía, si se apuesta por profundizar en la recentralización, el problema se seguirá agravando hasta envenenar todavía más la política española.

Aunque sea cierto que no toda Catalunya es nacionalista, que una parte importante de la sociedad catalana apuesta por seguir formando parte del Estado español, el procés ha puesto de manifiesto que la Constitución postfranquista se ha quedado obsoleta y se revela como una necesidad imperiosa dar espacio a los anhelos nacionalistas de un modo razonable, en tanto en cuanto conforman mayorías sólidas en sus respectivos territorios. Sin embargo, el nacionalismo español, con el apoyo incondicional de la caverna mediática, se muestra partidario de una recentralización, de recortar las competencias autonómicas, de acotar el Estado de las Autonomías desarrollado en la década de los 80 del siglo XX. Ahora bien, con esa recentralización no conseguirán sino enajenar el Estado de Derecho y soliviantar las mayorías sociales catalana y vasca. En una hipotética reforma constitucional, se debería acometer el hecho diferencial catalán y vasco de un modo más eficaz. Intentar homogeneizar España como pretenden Cs y el PP, siguiendo la estela del dictador Franco, no hará sino agudizar el conflicto y conseguirá que se desaten los demonios del pasado, espíritus maléficos que conocemos bien y que no auguran nada bueno. Pretender acallar y neutralizar las aspiraciones legítimas del nacionalismo democrático es una tarea imposible, es ponerle puertas al campo, y si por lo menos aceptaran los poderes fácticos españoles que ni siquiera a la vista del art. 8º de la CE, con cuya aplicación viene amenazando la ministra de Defensa, van a conseguir enervar a los pueblos catalán y vasco, habríamos avanzado bastante.

Un acierto de la Transición fue designar como nacionalidades históricas a Catalunya, Euskadi y Galicia. En eso no se puede retroceder ni un ápice. Ciertamente, el café para todos puede ser cuestionable, pero en un sentido positivo, nunca restrictivo. El hecho diferencial debe seguir quedando bien patente y si esto no se comprende, el problema subsistirá. No se trata de supremacía ninguna, sino de aceptar al diferente y respetar sus derechos, aunque ello significase una remodelación territorial profunda. En el Estado español existe un riesgo evidente de recentralización, que se manifiesta, por ejemplo, en la declaración de inconstitucionalidad de numerosas leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra. Y en Catalunya ya han avisado de que no lo van a permitir, pero algunos erre que erre apuestan irresponsablemente por defender esa vía antidemocrática. La incoación del 155, cuyas consecuencias podrían hacer que el Estado español derivase en un régimen autoritario, tras la intervención de la autonomía catalana, el derrocamiento y encarcelamiento del Govern y la disolución del Parlament, ha supuesto un fracaso del Estado de Derecho ¡y todavía hay quien busca echar más gasolina al fuego!

El autor es escritor