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Haciendo como que reformamos la Constitución

Por Eduardo Santos, Ricardo Feliú - Miércoles, 17 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:11h

El PSOE fuerza una Comisión en el Congreso para hablar del cambio de modelo territorial dentro de las posibles reformas de la Constitución. El PP accede a cambio de su apoyo a la aplicación del art. 155 en Catalunya. El PP sabe de qué va esto de las comisiones. Algo de ruido mediático y ya. Pero está dispuesto a conceder. ¿Por qué? Muy sencillo. El ruido mediático le favorece en su estrategia. Se llama a los tres ponentes de la Constitución vivos que defiende su obra;legítimo desde un punto de vista humano. Ya están en la historia. Y además no tienen por qué tener otro compromiso partidista que la propia fidelidad a lo que hicieron. Por tanto son, por naturaleza, defensores del statu quo. No pueden traicionar su propia biografía. A lo sumo pueden conceder algo al juicio histórico con cuestiones banales o de segundo orden como que “quizá en el Senado no lo hicimos bien por las prisas”. El asunto ha suscitado una inusitada atención precisamente porque es el mensaje que al PP y a su socio siempre fiel UPN le interesa. No es preciso cambiar nada. El texto sagrado debe permanecer incólume. Y eso lo dicen quienes han cambiado todo. Porque si Pérez Llorca, Herrero de Miñón y Roca y Junyent tuvieran algo que añadir solo tendrían que haber hecho una comparativa entre los ideales que pudieron inspirar la redacción de la Constitución que ellos contribuyeron a impulsar (claro, el papel de la presión popular se ningunea) y la triste realidad que padecemos actualmente. La Constitución fue un pacto entre los modelos más capitalistas y los modelos socialdemócratas, con un PSOE que con el estímulo de la socialdemocracia alemana renunció estratégicamente a cualquier referencia al marxismo. El mismo PSOE que a partir del año 2010, y en especial con la reforma exprés del art. 135 y la consiguiente subordinación de toda política al pago de la deuda, logró eliminar cualquier interpretación de la Carta Magna acorde con la protección de principios sociales básicos como el derecho a un trabajo y una vivienda digna.

Si originalmente el delicado equilibrio entre una autonomía territorial y municipal y el Gobierno central fue enfáticamente proclamado, la inexactitud de algunas previsiones y el afán recentralizador del Gobierno del Partido Popular, al que una formación como Ciudadanos le ha pegado un acelerón ideológico, ha convertido toda acción política en un autogobierno tutelado desde la tecnocracia económica, especialmente en todas aquellas políticas que favorecen la redistribución de la riqueza entre la ciudadanía y no la concentración de la misma en los mismos oligopolios.

Si la justicia fue concebida como un poder independiente, hoy en día el control del Consejo General del Poder Judicial está en manos de los elementos más conservadores del PP, en una huida hacia adelante que les permita salvar la cara ante una corrupción que, lejos de ser conyuntural es estructural, una forma de Gobierno, la manifestación misma de la colonización patrimonialista del PP de todos los aparatos del Estado. El mismo Tribunal Constitucional, que en sus inicios como intérprete de la Constitución alcanzó una notable altura jurídica, se ha convertido en un mero instrumento partidista que adecúa sus actuaciones a las urgencias políticas de un M. Rajoy que sólo busca establecer distancias entre sus decisiones y las consecuencias negativas que se derivan de las mismas, es decir, evadirse de su responsabilidad como jefe de un Gobierno que se limita a dejar pasar las horas recitando artículos del BOE.

Para partidos como UPN, cuyos fundadores no apoyaron la Constitución, la comisión para la reforma de la Constitución supone un ejercicio de funambulismo ideológico que revela la fosilización ideológica que padece el navarrismo. Todas sus preguntas han sido dirigidas a que los tres vetustos comparecientes les digan que el reconocimiento del Fuero (así, con mayúsculas) es parte ineludible de la Constitución española actual, como si la ciudadanía navarra dependiera del oráculo que les diga lo que ya saben y sienten mayoritariamente, es decir, que su autogobierno es parte de una soberanía compartida y que debe respetarse. Lo que ocurre es que, a la hora de la verdad, partidos como UPN no levantan la voz cuando hay que negociar y defender la actualización del Convenio, y se ponen al lado del PP cuando bloquean o recurren leyes forales al Tribunal Constitucional, la inmensa mayoría con contenido social, para que éste las suspenda e impida que se mejoren desde aquí las condiciones de vida de la sociedad navarra. Los planteamientos conservadores siempre se han apegado a la literalidad de los textos sagrados, del deber ser político o moral, para justificar o legitimar las desigualdades (basado en un orden natural de las cosas), recortar derechos sociales o impedir cualquier política que conlleve una profundización democrática.

Mientras, la vida es eso que pasa, que les destroza un bonito paisaje. Frente a todo esto se puede luchar con convicción y señalando cuáles son los cambios imprescindibles en materia social y territorial, o se puede recurrir a un tacticismo estilo PSOE (basado más en victorias tan pírricas como intrascendentes, en plan voy a apuntarme la medalla de una comisión). Para que al final te vengan los padres de la patria y te pongan en tu sitio: la inanidad.

No es extraño, por tanto, que UPN haya renunciado a reelaborar una Constitución y a un nuevo pacto foral para el futuro con los mismos argumentos y principios que fueron empleados en su momento para imponer su visión de Navarra o evitar que la LORAFNA fuera votada en referéndum. Nosotras no. Defenderemos el derecho a decidir, defenderemos la construcción de un nuevo pacto social basado en los derechos sociales y de los principios democráticos fundamentales que están siendo amenazados por esa oscura nube llamada autoritarismo que está atravesando Europa con la firme convicción de que somos el futuro;ellos los representantes de un pasado al que no queremos volver.

Los autores son secretario general de Podemos Ahal Dugu y secretario de análisis político y estratégico, respectivamente

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