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Proyecto a largo plazo y compartido

Por Juan Ángel Monreal - Jueves, 18 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:13h

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Hundir un banco, o una caja de ahorros, que de ambas cosas sabemos en Navarra, suele ser mucho más sencillo y mucho más rápido que levantarlo y hacerlo rentable, útil para la sociedad. Basta una gestión menos prudente de lo aconsejable, algo de lo que pocos advierten a tiempo, y una crisis tan aguda como la que comenzó en 2007 para arrasar en apenas tres años aquello que costó décadas consolidar. Un banco es, casi por encima de todas las cosas, confianza. Sin ella no hay depósitos ni actividad posible.

Conviene no olvidarlo ahora que Navarra debate acerca de la posibilidad y la conveniencia de crear una banca pública. Adopte esta la forma de un banco o una caja, tenga como objetivo financiar proyectos empresariales e infraestructuras o viviendas para particulares, sus resultados difícilmente serán visibles corto plazo. Se trata de un proyecto que rebasa, con mucho, el horizonte de la actual o la próxima legislatura y que, más allá de la dotación necesaria de capital inicial (18 millones de euros), requerirá de un crecimiento lento, necesariamente prudente. Ni Navarra dispone hoy por hoy de los fondos suficientes ni seguramente convenga ir con prisa y endeudarse. Basta con mirarse en el espejo de otros proyectos de banca local -Caja Rural de Navarra es el más cercano- para entender las virtudes de caminar poco a poco, de no acelerarse ni querer tragar más de lo que se puede masticar.

Con un horizonte tan lejano, las reglas habituales de la política, con sus mayorías simples y sus legislaturas de cuatro años que se reducen a poco más de tres ante la inminencia de las elecciones, no sirven para un proyecto de tal envergadura. Poner en marcha una entidad financiera pública, especialmente si contempla la captación de depósitos de particulares, requiere de un consenso amplio, que incluya al menos a los dos principales partidos de la oposición, que algún día volverán a gobernar. Si Caja Navarra era sentida como propia por todos -quienes más la han llorado son precisamente los que estaban al margen de todos sus órganos de administración y control- igual de compartida debería serlo la nueva entidad.

El proyecto se encuentra en cualquier caso lejos de alcanzar este punto. Y los estudios encargados por el Gobierno de Navarra han tratado de despejar, por un lado, las incógnitas jurídicas;y por otro, la necesidad real que tiene la Comunidad Foral de dotarse de un instrumento financiero con el que sí cuentan muchas otras regiones europeas. Concluir que no es necesario, a la luz únicamente de una encuesta con 27 agentes sociales, puede resultar no solo precipitado, sino un modo de guardar en el cajón un proyecto quizá incómodo para las posiciones más conservadoras del Ejecutivo foral. Especialmente cuando hace solo cuatro meses, representantes de tres bancos públicos centrados en financiar proyectos de desarrollo e inversión (más parecidos a Sodena que a Caja Navarra, por ser claros) explicaron en Pamplona su labor y su éxito. ¿Es Navarra diferente en sus necesidades de financiación a estas regiones o simplemente unas ideas y unos intereses políticos y económicas determinados han conquistado el debate?

La Comunidad Foral debe definir por tanto primero en qué medida precisa de un banco público que debe ser necesariamente rentable y que, como recuerda el informe jurídico, no puede nutrirse de los clientes que rechacen el resto de las entidades financieras. Estas compiten hoy en un mercado de tipos de interés a cero, con un margen de rentabilidad mucho más ajustado que hace apenas unos años y con la amenaza de nuevos competidores tecnológicos cada vez más presente.

Pero, por encima de todo, poner en marcha un banco público es una decisión política. Hace solo una década, el 40% del negocio bancario de Navarra estaba controlado por una entidad de inspiración pública, que destinaba sus beneficios a una obra social amplísima. CaixaBank suple en cierta medida este hueco, pero en el camino se ha perdido un centro de decisión financiero. Y en todo caso, revertir en el presupuesto público los beneficios de una actividad tan rentable históricamente como la financiera constituye una aspiración política legítima. Y posible.

El pasado reciente no ayuda hoy por hoy a tomar una decisión audaz y que no debe olvidar los errores cometidos. Un banco regional es un banco regional, cuya presencia en el exterior tiene poco o ningún sentido;el sector inmobiliario es una manzana que tiene en la rentabilidad el veneno. Y la política, con sus vaivenes e interferencias, debe permanecer alejada de una gestión profesional, controlada y con unos objetivos claros.

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