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Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Desactivar la excepcionalidad

La anormalidad política en Catalunya exige enmendar la colisión de las bases de la democracia y el derecho de representación con las decisiones judiciales originadas por el Gobierno de Rajoy a través de la Fiscalía


Jueves, 18 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:12h

la elección de Roger Torrent como presidente del Parlament de Catalunya y la de los miembros de la Mesa de la Cámara, que refleja la mayoría soberanista dictada por las elecciones del pasado 21 de diciembre, abre una decimosegunda legislatura que el propio Torrent situaba ayer “en un contexto complejo y anómalo al que debemos hacer frente”. La experiencia ha permitido constatar que durante la legislatura anterior el Parlament y el Govern, asimismo democráticamente elegidos, cometieron errores en el cálculo de las consecuencias de sus decisiones políticas y en cuanto al alcance de las respuestas que daría a estas el Estado español a través de sus poderes ejecutivo y judicial. Pero igualmente cabe situar en estos últimos una responsabilidad capital en esa situación excepcional que aún hoy, cuando empiezan a correr los diez días hábiles hacia la sesión de investidura, no vislumbra horizontes de solución ni al parecer halla modo de enmendar la colisión entre los principios fundamentales de la democracia más el derecho de representación política con las decisiones judiciales originadas por la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy a través de la actuación de la Fiscalía General del Estado. Conviene no olvidar que la situación de prisión preventiva de algunos de los electos, así como la de los desplazados a Bruselas, viene causada por la acusación desde la Fiscalía de los delitos de rebelión y sedición que les achacan y, por tanto, que si esa interpretación fiscal no se hubiese producido de un modo forzado, la excepcionalidad no marcaría esta nueva legislatura en Catalunya. Hasta el punto de que se da carácter de norma de obligatorio cumplimiento la extralimitada interpretación del juez Llarena sobre delegación de voto cuando únicamente la Mesa del Parlament tiene potestad legal y representatividad soberana para determinar las condiciones de dicha delegación. Igualmente, siendo los letrados de la Cámara los asesores legales, sus decisiones consultivas tampoco caben como argumento de veto a las decisiones de la propia Mesa, donde reposa la capacidad de disponer al respecto. El fin de la anomalía, por tanto, no depende únicamente de la actuación de la mayoría soberanista en la Mesa y el pleno del Parlament, sino que tiene papel sustancial la voluntad del Gobierno Rajoy para desactivar las actuaciones excepcionales puestas en marcha en Catalunya.

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