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"La actuación fue profesional y proporcionada"

El ministro Zoido revela que el refuerzo policial en Catalunya por el 1-O costó 87 millones de euros

El ministro de Interior asegura que la actuación de ese día "fue absolutamente necesaria" - Lamenta los heridos en la jornada electoral y culpa a la "pasividad" de los Mossos y a la Generalitat por "soliviantar las calles"

EFE - Jueves, 18 de Enero de 2018 - Actualizado a las 11:29h

El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido a su llegada a la Comisión de Interior del Senado

El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido a su llegada a la Comisión de Interior del Senado (EFE)

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El ministro del Interior Juan Ignacio Zoido a su llegada a la Comisión de Interior del Senado

MADRID. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado este jueves que el "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, "con una desobediencia clamorosa" y con "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

Según ha desvelado Zoido en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el "impacto de la desaceleración" económica en Cataluña.

"A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de "muy importante" la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, "otro alto coste", ha dicho, "que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña".

"Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha señalado.

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron "episodios de acoso" contra policías y sus familiares.

En su discurso ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".

DISPUESTO A SEGUIR ADOPTANDO MEDIDAS El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados -en Cataluña hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres-- realizaron una "vigilancia permanente" sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como "las sedes de los partidos políticos amenazados".

Otro de los objetivos con especial vigilancia fueron el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de la Justicia, las Delegaciones de Hacienda, el Banco de España y "determinadas infraestructuras críticas". "También han llevado a cabo servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas e instalaciones sensibles", ha desvelado Zoido.

Zoido ha lanzado un mensaje final a los senadores: "Este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña. Y para que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y sus libertades".

LAMENTA LOS HERIDOS Zoido ha lamentado "como el que más" los heridos por la actuación policial pero ha culpado de ello a la "absoluta pasividad y nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra, así como a la Generalitat presidida por Carles Puigdemont, a quien ha censurado por "soliviantar las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones".

Según los datos expuestos en su comparecencia en la Comisión de Interior en el Senado, en 149 de los 948 municipios hubo el 1-O más votantes que personas censadas. A pesar de que no había un listado oficial, la Policía y la Guardia Civil desactivó 113 centros de votación y cerca de otro centenar de locales más, "en unos casos porque no llegaron a abrir y en otros cerraron".

En su opinión, la actuación policial ante lo que ha calificado de "resistencia pasiva organizada" de los comités de defensa, con elementos "radicales" infiltrados y el uso de niños, fue "legítima, profesional y proporcionada" y, según Zoido, está avalada por la Fiscalía y la Comisión Europea. "En ningún caso", ha dicho, "tuvo como objetivo los votantes". Como prueba ha puesto que el material antidisturbios se utilizó en un único colegio.

"Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", ha señalado, denunciando la "organización y complicidad" de los independentistas, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

Zoido ha criticado la "manipulación informativa" y la actuación de los Mossos previa a la intervención en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "En algunos casos", ha defendido, "las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieron constatar cómo los agentes de Mossos d'Esquadra incautaban las urnas una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías".

Según el ministro, lo anterior demuestra que "se incautaron las urnas una vez que, realizada la votación y el recuento, la actuación policial ya no interfería la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional". Ha puesto el ejemplo de la localidad barcelonesa de Polinyá: con un censo de 5.910 personas, llegaron a votar 10.215.

"MÍNIMA FUERZA IMPRESCINDIBLE" En este sentido, se ha remitido a los tribunales. "La justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos", ha dicho sobre el cesado mayor Josep Lluís Trapero, "está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición". "Quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar", ha apostillado.

Fue la desobediencia y la pasividad de los Mossos lo que, según su relato, provocó "en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar". "Fue absolutamente indispensable, legítima y profesional", ha dicho sobre la actuación policial, señalando que "un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Zoido ha repetido en varias ocasiones en su comparecencia inicial que lamenta los heridos, tanto votantes como policías. "Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia".

Además ha subrayado la "diferente actitud" de las personas "parapetadas" en locales y colegios de votación del 1-O entre los que mostraron "complicidad y agradecimiento ante la inacción de los mossos" y, por otra parte, los que mostraron "hostilidad y violencia ante la acción de policías y guardias civiles".

MANIPULACIÓN INFORMATIVA En su intervención, ha condenado la "manipulación informativa" que hubo el 1-0 cuando los independentistas usaron datos e imágenes falsas para atacar las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Ha citado, por ejemplo, que un diputado del PdeCat mostró una portada de un semanario inglés de 2012, el caso de un niño supuestamente herido en una carga policial que se correspondía a una imagen de una huelga general europea o el relato de una votante que denunció que le habían roto los cinco dedos de su mano.

El ministro ha recordado que durante la actuación por mandato judicial en varias consejerías antes del 1-O los agentes de la Guardia Civil ya sufrieron "tal acoso" que se refugiaron en el interior de la Consejería de Economía "con el consiguiente riesgo para su integridad física", lo que generó en destrozos, pintadas y hasta robo de dinero y otros materiales personales -no armas-- en los vehículos del Instituto Armado.

"Cómo sería la situación que la secretaria judicial se vio obligada a salir de forma clandestina por la azotea del edificio, algo que los agentes se negaron a hacer alegando que saldrían por la misma puerta por la que entraron", ha indicado. En este sentido, ha recordado que se han tramitado más de 150 denuncias de odio "alentado por sectores independentistas" que, según Zoido, van a tener respuesta jurídica porque desde el Gobierno se va a defender sus derechos.

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