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La “trama” de De Miguel actuó “amparada por el ‘establishment”, según el fiscal

Apela a los correos incriminatorios enviados desde su despacho

Txus Díez - Viernes, 19 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:12h

VITORIA- El juicio por el caso De Miguel, la presunta trama de corrupción urdida en torno al exdiputado alavés Alfredo De Miguel, seguirá adelante. Ayer el presidente de la sala que juzga a un total de 26 acusados, Jaime Tapia, rechazó anular el juicio antes de iniciar los interrogatorios, como pedían las defensas, tras escuchar la dura exposición del fiscal jefe. Josu Izaguirre rebatió los argumentos de las defensas asegurando que De Miguel y el resto de principales acusados, vinculados por aquel entonces al PNV y hoy fuera del partido, pusieron en marcha “una auténtica trama destinada a la comisión de delitos”, “amparados por el establishment”.

Así, Izaguirre mantuvo su acusación de asociación ilícita, pues aunque no todos los supuestos implicados tenían por qué conocer dicha trama, como apuntó después su compañero de la Fiscalía Manuel Pedreira, “Kataia (la empresa de De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano) estaba en todas partes”. Pedreira, por su parte, afirmó que “el nexo de unión de todos los acusados se basa en su relación con este entramado”, y aseguró que “no hay compartimentos estancos” en la investigación sobre “un entramado societario para la consecución de fines ilícitos”.

Con respecto a la denuncia de las defensas de que se vulneraron los derechos fundamentales de sus clientes, Izaguirre subrayó la “escrupulosidad” del juez instructor, Roberto Ramos, y la profesionalidad de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, cuyos miembros trabajaron codo con codo con el juez instructor y el fiscal en un despacho de la propia Audiencia alavesa. Izaguirre tenía claro, dijo, que de otra manera la investigación no habría podido salir adelante. En ese sentido, el fiscal censuró que los agentes estuvieron “sometidos a muchas presiones”, a pesar de lo cual desarrollaron un trabajo “impecable”.

grabacionesTambién se refirió Izaguirre a la pretensión de anular las grabaciones realizadas a los acusados por la denunciante, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi. Según dijo, no se rompió la cadena de custodia, la grabadora estuvo controlada en todo momento por la Policía, y no se ha demostrado manipulación alguna en los 24 audios que Alberdi trasladó al juzgado. Las horas y fechas que registra la grabadora no coinciden con las reales, señaló, porque no se cambió su configuración de fábrica. En cuanto al resto de pruebas, “todo fue numerado, fotografiado y clonado en sede judicial”.

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