El Pacto de Estado contra la violencia de género

Por Tere Sáez Barrao - Sábado, 20 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:11h

el Pacto de Estado contra la violencia de género tan necesario y demandado desde los movimientos de mujeres que desgraciadamente no cuenta con presupuestos, ni medidas, ni garantías, ni comisión de seguimiento que se digne a arrancar. Había previstas 26 medidas para 2018. Medidas de sensibilización y prevención. Entre estas medidas la mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y la acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección. El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas en el ámbito sanitario. La asistencia y protección de los y las menores. Impulso a la formación de los distintos agentes de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personas abogadas y procuradoras. Las recomendaciones a las administraciones públicas e instituciones para las víctimas de trata. O la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres a través de campañas informativas, especialmente la mutilación genital femenina.

Nuestro grupo en el Congreso se abstuvo del Pacto de Estado por considerar que las medidas no tienen garantías económicas, temporales ni legislativas para ser ejecutadas. No obstante, creemos que se trata de un avance para mejorar nuestra vigente Ley Foral 14/2015 que coincide con el Pacto en la definición y manifestaciones de la violencia contra las mujeres, destacando que el pacto va más allá e introduce el acoso por razón de sexo.

Igualmente coincide con la acreditación de las víctimas y el concepto de “superviviente” en lugar del de víctima. Dándole en el Pacto mayor peso a la participación de estas mujeres en el diseño y evaluación de los servicios.

Hay coincidencias en las medidas de investigación y en las de prevención y sensibilización, pero el Pacto de Estado contra la violencia de género va una vez más allá en las medidas de formación de los y las profesionales de las universidades y en algunas de sensibilización social e información, como la elaboración o el tipo de los materiales para madres y padres y otras. Pero ambos textos, la ley navarra y el Pacto se olvidan de la formación sobre modelos de masculinidad igualitarios.

Respecto a la “detección y atención de la violencia contra las mujeres”, el pacto amplía algunas medidas en materia sanitaria y en los servicios sociales, especialmente respecto a las unidades de apoyo interdisciplinar a la violencia de género en cuanto a reforzar su papel de acompañamiento en los procesos personales y judiciales. Olvidan recoger la figura de la agente de Igualdad en los ayuntamientos. Profesión fundamental para hacer efectivas las medidas y acciones.

Respecto a los servicios y recursos de atención y recuperación, el pacto amplía la atención en zonas rurales y la atención pedagógica como refuerzo educativo.

Respecto a la inserción laboral, autonomía económica y acceso a la vivienda el Pacto aumenta la incorporación de los derechos de las y los menores huérfanos. En cuanto a

la asistencia jurídica y acceso a la justicia, el Pacto exige la formación en género y prohibe expresamente la mediación en los casos de violencia de género. También la obligación de los espacios separados entre superviviente e imputados/acusados. Algo que es fundamental.

En cuanto a la reparación, ambos textos olvidan la dimensión colectiva del derecho a la reparación de las supervivientes, en concreto fomentar los espacios de autoayuda. Sin ellos el proceso personal y colectivo de empoderamiento es prácticamente imposible. Hoy por hoy lo cubren las asociaciones feministas y de supervivientes. Pero... hay que reconocerlo como derecho.

En definitiva, el Pacto de Estado contra la violencia de género está en total sintonía con la ley navarra, ampliando algunas cuestiones relacionadas con la protección a menores y la importancia de las supervivientes en el proceso de empoderamiento y en su participación en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas implementadas. No quiero dejar de señalar que el Pacto no introduce la educación en igualdad como base para acabar con las violencias machistas y transformar esta sociedad heteropatriarcal. Algo básico como única vacuna desde la prevención. Tampoco puedo obviar que ambos textos, la ley navarra y el Pacto, adolecen de medidas concretas ante la violencia sexual en todas sus manifestaciones y en que no abordan la reparación real de las supervivientes y familiares de las asesinadas.

Por tanto, ahora toca actuar. Cotejar la ley navarra con las medidas aprobadas en el Pacto y adecuarla en las mejoras que de ellas se derivan. Cumplir los compromisos económicos que significan creación y ampliación de los recursos. Solicitar sin dilaciones el dinero para las comunidades (100 millones) y para los ayuntamientos (20 millones) para hacerlo posible. Revisar permanente tanto la ley navarra, como las medidas del Pacto, para que las acciones que hagamos sean verdaderamente eficaces a corto, medio y largo plazo, consultando para ello a los movimientos feministas, especialmente a las mujeres supervivientes. En esa revisión, reconocer que la violencia sexual (una violación cada 8 horas en el Estado) es violencia machista y que como tal debe ser abordada y juzgada.

Los 98 feminicidios de 2017 nos obligan. Un mundo más amable, justo y equitativo para todas las personas, también. ¡Es el momento!

La autora es parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu