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La ingeniería de la planta de Ultzama simuló un pedido para cobrar una ayuda

Andoni Irisarri Patxi Cascante - Sábado, 20 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:11h

pamplona- La dirección de obra de la planta de Ultzama simuló la existencia de un pedido con el objetivo de acceder a una subvención del Gobierno de Navarra que, de otra manera, no le hubiese correspondido al proyecto por no haber llegado al mínimo de obra ejecutada exigido en las bases de las ayudas. Fue quizá lo más llamativo que dejó ayer la comisión parlamentaria que investiga la quiebra del proyecto, y que convocó a los técnicos del Gobierno de Navarra que, con diferentes responsabilidades y fechas, estuvieron involucrados en el caso desde la parte de la Administración, que sufragó con más de tres millones el fallido proyecto.

Ayer por la mañana comparecieron en el Parlamento, en cuatro turnos, Juan Pablo Rebolé (jefe de sección de Infraestructuras Agrarias por aquel entonces), José Javier Echarte (director de servicio de Infraestructuras Agrarias en el momento de impulsar el proyecto), Jesús María Vélaz (jefe de negociado de ayudas a Infraestructuras en 2008) y Roberto Rípodas (ingeniero agrónomo contratado hasta 2010 por el Gobierno de Navarra). Fue en la primera de las declaraciones donde quedó patente que el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Desarrollo Rural, concedió una ayuda de 855.000 euros una vez que le hicieron entrega de una serie de facturas relativas a los depósitos de digestión anaerobia sin, en un primer momento, hacer ninguna comprobación sobre el terreno.

Los técnicos (y especialmente Rebolé) alegaron que las bases reguladoras de las ayudas sólo obligaban a una inspección en el último de los pasos, y que hacer lo contrario hubiese supuesto una infracción de la norma. Pero gracias a ese marco y a la redacción de la primera de las certificaciones por parte de la dirección de obra del proyecto (el despacho Aierdi Ingenieros, propiedad de Jose Mari Mariñelarena, quien llegó a ser secretario de la empresa cesionaria de la planta, Bioenergía Ultzama), la planta recibió una cantidad de dinero que de otra manera no le hubiese correspondido. Por una sencilla razón: el despacho de ingeniería, en una certificación con fecha de diciembre de 2008, aseguró que la empresa adjudicataria, Levenger, ya había realizado el pedido de los equipos a una empresa especializada (se deduce que Vitkovice, la firma checa de maquinaria de la cual Jiri Bezdicek, el administrador de Levenger, era distribuidor en el Estado). En base a eso el despacho argumentó que era “necesario”, en ese momento, el adelanto de una cantidad para hacer frente al suministro de materiales. Ese documento sólo fue firmado por dos ingenieros del despacho: ni rastro de la firma del propietario ni de la adjudicataria, como exige la Ley de Contratos.

un cartel, toda la obraEl problema es que, en realidad, ese pedido no se contrató hasta el 15 de mayo de 2009. Es decir, seis meses después de que la ingeniería afirmase en la certificación que presentó al Gobierno foral que el pedido estaba hecho, y que por tanto podía computarse como un porcentaje de obra realizada que el Ejecutivo foral exigía para la concesión de la ayuda. Esta afirmación es clave, porque de otra manera se hubiese perdido la ayuda, que se pudo complementar con otra convocatoria en 2009. Si se hubiese inspeccionado entonces, los técnicos del Gobierno de Navarra se hubiesen percatado de que a diciembre de 2008 lo único que era computable en el porcentaje de obra realizada eran los 152 euros que costó el cartel anunciador del proyecto que se colocó en el solar sobre el que luego se erigió la planta. Un porcentaje insuficiente y que hubiese excluido a la planta de la ayuda que sí recibió, pero que fue posible porque, a juicio de Adolfo Araiz (EH Bildu), la ingeniería “faltó a la verdad o engañó al departamento”.

Este punto reprochó Araiz a Juan Pablo Rebolé, que el 30 de diciembre de 2008 firmó un documento en el que se acreditaba la presentación en el negociado de la certificación de obra, las facturas, el certificado del secretario municipal y un anexo por un montante total de 855.000 euros, concedidos “sin más inspección”. “Si, tiene razón”, asumió Rebolé. “Pero eso estaba en las bases reguladoras: en la primera certificación no hay una comprobación en el campo. Se pide a la entidad que presente un certificado de que se cumple con la materia de contratación, y a lo que hay detrás no entramos”, se excusó. “¿No le resulta extraño que se presente una factura de 612.000 € por los depósitos y que sólo con eso se siga adelante con los faroles?”, cuestionó Araiz sobre el funcionamiento del negociado. “No puedo hacer nada que no esté en las bases reguladoras”, zanjó el funcionario.

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