Decisión responsable

Luis Artica Asurmendi - Domingo, 21 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:11h

Hace unos días se celebró el cuarto aniversario del nacimiento de Podemos. Parece toda una vida. Han sido muchos los acontecimientos vividos durante ese período tan corto de tiempo, en el marco de un contexto sociopolítico difícil y de una crisis económica atroz, pero que, a la vez, abrió una ventana de oportunidad histórica para cambiar las cosas, para ser radicales y osados. Se han cometido errores y aciertos, se han vivido momentos de zozobra y de alegría, se han conseguido victorias y se han sufrido derrotas. Todo eso ha ayudado a que, poco a poco, Podemos se vaya haciendo mayor.

Desde el principio Podemos se ha regido por unos principios éticos que suponen el marco de referencia fundamental de la acción política para la militancia (desde las bases hasta los cargos públicos). Sin embargo, como en todo colectivo, hay personas que han confundido sus intereses personales con el proyecto político que nació desde abajo, con mucho esfuerzo y sacrificio, de la ciudadanía para la ciudadanía, y que se ha ido dotando de normas y reglas para su funcionamiento que han sido aprobadas por el máximo de órgano de decisión que tenemos: la Asamblea Ciudadana.

En el caso de Navarra esto tiene una especial gravedad. Las actitudes irresponsables de algunas personas debilitan el espacio político logrado por Podemos en las últimas elecciones forales y ponen en serio peligro el cambio político que se inició hace casi tres años y que apenas está dando sus primeros frutos.

En ese contexto, el paso tomado desde la dirección de Podemos Navarra de solicitar a la Comisión de Garantías la apertura de expediente hacia la parlamentaria Laura Pérez es una acción coherente y necesaria. Si no se hubiera hecho nada ante las fundadas sospechas de que un cargo público no cumpliera con el código ético, Podemos se hubiera situado en el mismo lugar que los partidos del 3%, los de las puertas giratorias y de los que miran a otro lado cuando están rodeados de casos de corrupción. Ahora queda que el procedimiento continúe, la parte acusada presente todas las alegaciones que considere oportunas y pueda así ejercer el derecho a la defensa, y que finalmente la Comisión de Garantía dictamine la resolución definitiva del caso.

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