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La Audiencia dice que la 'ley Osasuna' no es de punto final y no extinguía toda la deuda

TRIBUNAL | la sección primera afirmó que el acuerdo de 2014 con hacienda no exime de responsabilidad penal a los diez acusados por los impagos de iva e irpf aparecidos luego

Martes, 23 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:09h

Los expresidentes Izco y Archanco, con Vizcay, en una asamblea de socios de 2010.

Los expresidentes Izco y Archanco, con Vizcay, en una asamblea de socios de 2010. (Mikel Saiz)

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Los expresidentes Izco y Archanco, con Vizcay, en una asamblea de socios de 2010.

PAMPLONa- El batacazo es tremendo y el panorama que se les presenta a los exdirigentes del Club Atlético Osasuna, fundamentalmente a los exmandatarios Patxi Izco y Miguel Archanco, resulta de lo más sombrío. La Sección Primera de la Audiencia Provincial confirmó la semana pasada el enjuiciamiento de ocho exdirectivos y dos exempleados del club por delitos fiscales debido a no declarar el IVA de las taquillas y de los palcos entre 2010 y 2013 y por fraude también del IRPF. Pero en la respuesta de la Audiencia a alguno de los recursos, fundamentalmente al que presentó el exgerente Ángel Vizcay -cuyo letrado fue el primero que planteó el asunto de si la Ley Osasuna era de punto final respecto a la deuda fiscal y por tanto ya no se podía reclamar más deuda por estar toda contemplada en dicha norma-, la Sala ha dejado meridianamente clara su posición al respecto afirmando que la Ley Osasuna no es de punto final. Por ello, el IVA y el IRPF sin declarar ni pagar que aparecieron más tarde conforman un delito. Así, ha debilitado de manera importante de cara al pleito una de las posibles líneas de defensa de los diez acusados, que se enfrentan a penas de entre 6 y 15 años de cárcel en el juicio que arrancará en abril. Incluso el presidente actual, Luis Sabalza, en sus primeras respuestas a las querellas de Hacienda defendía también que la Ley era de punto final.

NO SE CONDONA LA RESPONSABILIDAD La decisión de la Audiencia es de una relevancia notoria. Vizcay planteó que no se le podía exigir responsabilidad penal por la deuda tributaria generada antes de la Ley. Ni a él ni a otros acusados. Que la Hacienda Foral carecía de legitimación para hacerlo y para interponer querella por deudas de Osasuna anteriores al 31 de diciembre de 2014 porque el artículo 6 de la Ley Osasuna dice que tiene efectos extintivos y, por tanto, suponía un punto y final a dicha fecha, una especie de finiquito y que no permitía volver sobre otras supuestos deudas tributarias anteriores a dicha fecha, lo que le impediría seguir el procedimiento adelante. El caso es que dicho recurso obligó a posicionarse a la Audiencia, que resolvió lo siguiente: “No se puede compartir que la Ley Osasuna implique la falta de punibilidad a la que se refiere la parte recurrente (Vizcay). Como establece el artículo 1 de la ley la finalidad de la misma es reestructurar el pago de la deuda, pero no de todas las que hasta esa fecha pudieran existir entre Osasuna y la Hacienda foral, sino exclusivamente la que se detalla en el anexo. Y si bien en el artículo 6 (al que aludía Vizcay) se contemplan los efectos extintivos, ello lo es solo en relación con las deudas contempladas en el anexo a fecha 31 de diciembre de 2014, única y exclusivamente, pues ese es el alcance de dicha ley conforme al artículo 1, y cuando además, la misma no exime de responsabilidad a los administradores de Osasuna por aquellos actos que hubieran realizado en el desempeño de sus cargos”. Es decir, la Ley pactada con Osasuna solo extinguía la deuda que en la propia norma aparecía, no la que auditoría del club y la investigación de Hacienda destapó posteriormente.

Para el tribunal “no se contempla la extinción de todas las deudas tributarias en las que incurriera Osasuna, sino solo aquellas que se conocían y detallaban en el anexo, no existiendo en modo alguno una declaración de exención de responsabilidad por todas las deudas”, como planteaba el recurso de Vizcay. En esta tesitura, el tribunal confirmaba que al existir otras deudas tributarias posteriores a la firma de la Ley, “ningún obstáculo procesal existe para que pueda penalmente exigirse responsabilidad penal cuando se ha dado traslado por Hacienda del impago”. Además, la Audiencia añade que el acuerdo con el Gobierno de 29 de abril de 2015, que culminaba la aplicación de la Ley con la dación en pago del patrimonio al Gobierno, no implica que “solo pueda ejercerse la reclamación vía administrativa, cuando en modo alguno existe condonación o exención pactada de responsabilidad penal”. - E.C.