215 millones de euros de todas, ¿para todas?

Por Irene Otal Larequi - Viernes, 26 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Doscientos quince millones de euros. Es la cantidad que devolverá el Estado a Navarra tras la actualización del Convenio Económico que, tras años de retraso a consecuencia de la falta de voluntad política del Partido Popular, por fin se ha firmado entre el Gobierno central y el de Navarra. El acuerdo se alcanzó una vez aprobado el Presupuesto para nuestra comunidad, por lo que el ingreso adquiere inmediatamente la consideración de “extrapresupuestario”, con la consecuencia de que, inicialmente, no cabe ser destinado más que a la amortización de deuda pública.

Desde la primera comparecencia que el consejero de Hacienda y Política Económica del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ofreció dando a conocer la cifra millonaria lograda a favor de nuestra comunidad, ya viene advirtiendo de las limitaciones legales que el art. 135 CE impone a su destino. En efecto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, aprobada tras la habilitación constitucional creada al amparo de la modificación de ese precepto, obliga a destinar íntegramente estos ingresos extrapresupuestarios o puntuales a “reducir el nivel de deuda pública”. Es lo que queda establecido en el apartado 5 de su art. 12, disposición en clara consonancia con el resto del texto de esta Ley Montoro, caracterizada por su espíritu austericida y castrador de las competencias de las CCAA y municipios para distribuir sus propios ingresos en beneficio de la mayoría de la población. Desde este primer anuncio, el Gobierno de Geroa Bai viene remitiéndose y recordando una y otra vez a este estrecho marco legal -remisiones que acompaña con profesos lamentos-, lo que no hace sino permitir adivinar fácilmente las intenciones de un ejecutivo que ha convertido la política posibilista en su práctica habitual y que descarta afrontar conflictos con el Gobierno del PP y ejercer una oposición real y material de fondo.

Venimos denunciando cómo los y las navarras ya tenemos que soportar un pago de deuda pública por partida doble al tener que afrontar no sólo la generada por nuestra Comunidad -concretamente a raíz de la nefasta gestión llevada a cabo por los anteriores gobiernos de UPN con el apoyo del PSN y que supuso multiplicar por cinco la deuda navarra en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2015, que supuso pasar de 660 a 3.300 millones-, sino que también hemos de hacernos cargo del endeudamiento estatal a causa de que el art. 54 de nuestro Convenio Económico impone la obligación para Navarra de hacer frente a los intereses y amortización de todas estas deudas del Estado. Y si a todo ello sumamos la mera hipótesis de que estos 215 millones que ahora llegan extrapresupuestados pudieran ser destinados a seguir amortizando más deuda pública si cabe, el escenario ya se convierte, como mínimo, en inquietante y preocupante.

Por supuesto, no podemos obviar el hecho de que en Navarra -gracias al trabajo realizado principalmente por el Parlamento Social- hemos logrado detectar la deuda ilegítima que se nos reclama y cuantificarla en 171 millones de euros. Es una cantidad que deriva de operaciones financieras que en su día nuestro Gobierno entabló con entidades bancarias en contra de los intereses de la mayoría de la población y bajo condiciones abusivas. A día de hoy, estas entidades pretenden cobrar sus créditos y ver amortizados sus préstamos -en octubre de 2018 se prevé destinar 240 millones en este sentido-, pero somos muchas las que insistimos en la necesidad de llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda como condición en todo caso previa. Por tanto, destinar la totalidad de los 215 millones, o parte de los mismos, a sufragar parte de la deuda supondría obviar la ilegitimidad de la que adolece una porción del montante total y seguir alimentando un sistema ideado por las élites políticas y económicas de nuestra comunidad en su propio beneficio.

Nosotras apostamos firmemente por invertir en políticas públicas de empleo, educación -fortalecimiento de la educación 0-3 años, principalmente-, o a la financiación de medidas como la creación de una banca pública o el impulso de una productora de energía renovable pública que permita revertir directamente problemáticas sociales cada día más arraigadas como la pobreza energética. Es decir, entendemos que las necesidades sociales de nuestra ciudadanía deben ser atendidas prioritariamente y en ello se han de volcar los esfuerzos en el marco de las conversaciones que están teniendo lugar para concretar el destino concreto que el Gobierno foral dará a los 215 millones. El art. 135 de la CE y las amenazas subyacentes a su incumplimiento no pueden condicionar una decisión que no corresponde más que al Gobierno de Navarra y, por supuesto, a todos y todas las navarras. Tras años de incumplimiento por parte del Partido Popular, negándose a negociar la actualización del Convenio Económico y obligando a Navarra a realizar una aportación al Estado muy superior a la que correspondía -tal y como venían defendiendo los técnicos y técnicas de la Hacienda foral-, no cabría hablar en ningún caso de “falta de acatamiento” de la legislación por parte de nuestra Comunidad si finalmente los más de 200 millones no se destinan en su integridad a lo que una legislación dictada en contra de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía establezca.

En base a lo expuesto, desde Ahora Navarra- Orain Mugituz rechazamos toda hipótesis

y posibilidad encaminada a destinar estos 215 millones de euros a la amortización íntegra de deuda pública -al igual que nos oponemos a seguir destinando ingresos de las arcas forales a hacer frente dócilmente a este endeudamiento en tanto no se lleve a cabo una auditoría ciudadana que permita a todos los navarros y navarras decidir acerca de ladeuda ilegítima ya cuantificada en 171 millones de euros-, e instamos a que se priorice el interés general de la ciudadanía en la toma de esta fundamental decisión.


La autora es miembro de Ahora Navarra-Orain Mugituz