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Razón de Estado o Estado de Derecho

Por Joseba Santamaria - Martes, 30 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

No sé qué ocurrirá hoy en la sesión del Parlament de Catalunya para elegir al nuevo president de la Generalitat, pero el último escrito del Tribunal Constitucional impidiendo cautelarmente la investidura de Puigdemont si el candidato no está presente en la Cámara ya indica otra derrota de la democracia. No hay ninguna ley que impida la elección de Puigdemont, no está inhabilitado ni hay sentencia judicial alguna que le haya recortado sus derechos políticos o civiles, por lo tanto puede votar y ser votado con absoluta normalidad y legitimidad democráticas. Que el Tribunal Constitucional atienda la exigencia del Gobierno de Rajoy de impedir como fuera la investidura de Puigdemont -se ha publicado que Rajoy y otros ministros llamaron personalmente a los magistrados del alto tribunal- es un ejemplo más de la no normalidad democrática en que se ha ido instalando poco a poco el Estado español bajo el Gobierno autoritario del PP con el entusiasmo de Ciudadanos y la complicidad del PSOE. Se impone la supuesta razón de Estado sobre el Estado de Derecho y la clave democrática de la división de poderes. En Catalunya hay sobre todo una pugna de valores democráticos en la que el actual proceso involucionista ha ido arrasando todos los sistemas garantistas de un Estado de Derecho para imponer la visión uniformadora y cada vez más agresiva de un ideario neoconservador extremista y peligroso. Desde hace meses, los acontecimientos en Catalunya son imprevisibles. Puigdemont tiene el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento que refleja a su vez la voluntad democrática de los catalanes y catalanas expresada en las urnas el pasado 21 de diciembre. Impedirlo por la fuerza o con subterfugios de dudosa legalidad y constitucionalidad es tanto como pregonar que el voto democrático en Catalunya no tiene validez si no refleja la voluntad política del unionismo español. Una involución antidemocrática inaceptable sin nada positivo que ofrecer a Catalunya y un error de consecuencias imprevisibles para el conjunto del Estado.

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