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El Supremo inhabilitará en marzo a Puigdemont

El Constitucional mantendrá la suspensión cautelar de su investidura

Llarena baraja reactivar la euroorden cuando fije los delitos de los imputados en la causa del Tribunal Supremo

Miguel Aizpuru - Viernes, 2 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

El ministro Rafael Catalá.

El ministro Rafael Catalá. (Foto: Efe)

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El ministro Rafael Catalá.

pamplona- A Puigdemont el futuro judicial en el Estado español se le presenta más que complicado. Para empezar, el president destituido tendrá que ir desechando la idea de una investidura efectiva, ya que el Tribunal Constitucional tiene intención de mantener la suspensión de su candidatura hasta marzo, cuando será con toda probabilidad inhabilitado por el Supremo, lo que hará ya completamente imposible que pueda revalidar su cargo al frente de la Generalitat.

Según señalaron a Efe fuentes de ambos tribunales, la candidatura de Carles Puigdemont permanecerá suspendida por el Constitucional hasta el mes que viene, en el que se prevé que el líder de JuntsxCat sea inhabilitado por el Supremo en el marco de un previsible proceso contra su persona. Así, la Justicia española hila fino para impedir que el president destituido siga poniendo en jaque al Estado con su pulso para recuperar el Govern. En este escenario, Puigdemont tendrá que elegir entre permanecer en Bruselas o afrontar un proceso judicial que a buen seguro culminará con una condena de prisión.

Según indican fuentes del TC, este órgano tiene intención de admitir finalmente a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont que causó revuelo la pasada semana e incluso fue rechazado por el Consejo de Estado. Dicha admisión supondrá prolongar la medida cautelar de suspensión de la candidatura, adoptada provisionalmente por tribunal. El momento para que el Constitucional tome la decisión de aprobar el requerimiento será, en función de los trámites necesarios, en marzo, aunque este plazo podría alargarse. De cualquier manera, hasta ese momento el president cesado no podrá optar a ser elegido telemáticamente ni a comparecer ante la Cámara catalana sin permiso judicial.

Pero al TC podría allanarle el camino el Supremo, que investiga la causa principal por el procés, en forma de inhabilitación, ya que el magistrado Pablo Llarena baraja prohibir el mes que viene el desempeño de cargos públicos a Carles Puigdemont. El juez que instruye el proceso soberanista y la declaración unilateral de independencia de octubre prevé dictar en las próximas semanas autos de procesamiento por delitos de rebelión contra los encausados, entre ellos el expresident. Los autos no determinarán necesariamente que Llarena finalice su instrucción (lo que sucederá cuando abra juicio oral), pero sí fijarán los delitos, cuyas penas serán superiores a los nueve años en el caso de rebelión. Ello conllevará la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Puigdemont.

Aunque el president destituido opte por continuar en su refugio de Bruselas, tampoco allí estará completamente protegido una vez que el magistrado del Tribunal Supremo dé comienzo al proceso. Aunque el juez Llarena optó por retirar la euroorden el pasado mes de diciembre, fuentes del Supremo aseguran que la petición de detención internacional para los fugados en Bélgica, empezando por Puigdemont, podría reactivarse cuando se dicten los autos. Así, volvería a comenzar el largo proceso para que el país belga decida si extradita o no al líder de JuntsxCat, y por qué delitos lo hace.

el ts cita a mas, gabriel y roviraEl juez Llarena, por otra parte, citó ayer para la segunda mitad de febrero como investigados en la misma causa del procés al expresident de la Generalitat, Artur Mas;a la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel;y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Junto a ellos, también tendrán que declarar este mes Mireia Boyá (CUP), Marta Pascal (PDeCAT) y Neus Lloveras, de la Asociación de Municipios para la Independencia. Gabriel y Boyá acudirán el día 14 de febrero, Pascal y Rovira lo harán el 19, y Mas y Joveras comparecerán el día 20.

En un auto reciente, el juez imputó a un amplio grupo de dirigentes supuestamente integrados en el comité estratégico en el que se apoyó el proceso independentista, entre ellos, los citados ahora.

Llarena amplió la investigación por el procés porque considera que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del anterior Parlament. También apunta a los líderes y secretarios generales de los partidos independentistas.