Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

La juez que iba a juzgar por abusos a un monitor de El Molino archiva el caso sin juicio

Estima una cuestión previa de la defensa y no ve legitimados a los padres para ejercer la acusación por su hija, con 76% de discapacidad, por no incapacitarla

Enrique Conde - Viernes, 2 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona.

El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona. (IÑAKI PORTO)

Galería Noticia

  • El centro ocupacional El Molino, ubicado junto al río Arga en Pamplona.

pamplona- La juez de lo Penal 3 de Pamplona, Aurora Ruiz Ferreiro, ha cerrado el caso de abusos sexuales denunciados sobre un monitor del centro ocupacional para personas con discapacidad El Molino de Pamplona sin que ni siquiera se inciara la vista oral. Esta semana arrancaba el juicio -programado en cinco sesiones que íntegramente se iban a celebrar a puerta cerrada-, pero en la primera jornada la magistrada suspendió la vista para estudiar una cuestión previa planteada por el abogado defensor. Este decía que faltaba en la causa el requisito de procedibilidad (las condiciones legales para iniciar la acción penal) y que los padres no podían ejercer como acusadores particulares, ya que “no pueden ejercitarla por su hija los padres respecto de ninguno de los delitos (se denunciaron abusos, lesiones y amenazas) dado que la hija pese a tener reconocida administrativamente una discapacidad del 76% nunca ha sido declarada incapaz judicialmente pese a ser mayor de edad, ni por ello los padres ostentan la patria potestad prorrogada ni son sus representantes legales”. A dicha pretensión se opusieron lógicamente los dos letrados que ejercen la acusación particular, e igualmente se opuso la Fiscalía, que pedía la absolución pese a ver una conducta inapropiada. Pero la jueza, sin ni siquiera responder a las alegaciones de las partes acusatorias, ha atendido la petición de la defensa y en un auto ha declarado el sobresimiento y archivo definitivo del caso. Por ello, el juicio queda suspendido sin ni siquiera iniciarse. Ahora, la resolución adoptada puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, que será quien resuelva. Su resolución será de una importancia descomunal en casos futuros.

La jueza considera que la denuncia “fue presentada única y exclusivamente por la madre de la víctima pero no por la víctima acompañada de su representante legal o de un progenitor”. La jueza afirma que a la víctima no se le ha tomado declaración judicial, ni se ha pedido dicha prueba ni se ha realizado como preconstituida con todas las garantías. Así que la jueza dice que falta el requisito de procedibilidad en el delito de abusos sexuales ya que la denuncia la presentó la madre exclusivamente, “que no ostenta el carácter de representante judicialmente establecido y no por la víctima, la cual no ha sido declarada judicialmente incapacitada o persona con la capacidad judicialmente modificada como exigiría el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Y descarta la otra forma de perseguir el delito que es mediante denuncia de la agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal. Cuando la víctima es menor o persona con discapacidad bastará la denuncia del Ministerio Fiscal”.

Pero la jueza tampoco deja a los padres que ejerciten la acusación particular en ninguno de los delitos denunciados al entender que “el carácter de víctima ofendida por dichos delitos lo ostenta la hija y no sus padres y se trata de una mayor no declarada judicialmente incapacitada”, vuelve a repetir, “ni se ha efectuado acusación por tanto de su representante legal, única forma de ejercitar la acción penal como acusación particular y no puede aquí ejercitarse por quien no ha sido declarado judicialmente representante legal”.

ACUSACIONES: “indefensión” Los letrados de los padres de la afectada, Sílvia Sanchez y José Luis Beaumont, están ya ultimando sus recursos contra esta decisión judicial. Ambos afirman que el auto “deja en la más absoluta indefensión a una persona que por su condición de discapacitada intelectual, muy seriamente agravada además por las consecuencias psicológicas y de estrés postraumático muy prolongado en el tiempo que para ella han tenido los hechos denunciados, ni ha podido, ni puede ni podrá actuar por sí misma. Negar en estas condiciones a sus padres la legitimación para actuar en nombre y en representación de su hija, como lo hubiera hecho cualquier padre y cualquier madre responsables y cabales, persiguiendo los hechos que debían enjuiciarse, y haciéndolo además en interés de su hija y en defensa de sus derechos como cualquier otra persona, rompe los esquemas del puro sentido común de las personas, hace saltar por los aires derechos elementales, especialmente, de personas con discapacidad intelectual, y convierte a este caso en paradigmático de los que despiertan la atención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por último, señalaron que la decisión “trasciende en su intrínseca gravedad al caso concreto, afectando y desprotegiendo potencialmente a miles de personas que por su sola condición de discapacitados intelectuales no van a poder defenderse ellos mismos si les ocurren cosas como las que en ese caso deben enjuiciarse, y tampoco va a permitirse hacerlo por ellos a sus padres o a quienes velan por su seguridad y bienestar”.

Herramientas de Contenido