Rajoy no debería mandar en las bibliotecas navarras

Sábado, 3 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Allá por el mes de julio, y en virtud del régimen foral, como remarcaba la noticia redactada por el Gobierno del cuatripartito, el Gobierno de Navarra y el del Estado,acordaron los objetivos de déficit para el periodo 2018-2020 de forma independiente al resto de comunidades. Casualmente, los objetivos acordados coincidieroncon los fijados para el resto de comunidades. De igual modo, los objetivos de regla de gasto se marcaron con la colaboración necesaria del PNV. Resultado implícito: la Comunidad Foral de Navarra renuncia unilateralmente a una parte fundamental de su capacidad de autogobierno.

Primera conclusión, no estamos ante una imposición del Estado, sino ante un acuerdo

Estos acuerdos se traducen en la imposibilidad de diseñar una política presupuestaria más social y propia. De este modo, si la capacidad de determinar la política fiscal y presupuestaria es vital para poder establecer y mantener unos servicios públicos que persigan la igualdad y cohesión social y, por contra, acordamos plegarnos a los dictados de mandatarios cuya trayectoria demuestra que los intereses que defienden están muy alejados de dicha igualdad social, difícilmente vamos a materializar cambios sociales que se puedan reconocer como tales. En este punto, cabe reiterar la incidencia devastadora que ha tenido en los servicios públicos el desarrollo normativo del afamado artículo 135, promovido por el PSOE, que se consolidó en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su prioridad absoluta de pago de la deuda -con la colaboración de UPN, tan solícito siempre para estos temas, cuando fueron ellos quienes nos multiplicaron la deuda casi por 5-.

Una política para atacar los servicios públicos

La última hebilla de esta camisa de fuerza la constituye la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ella se encarga, o sirve de excusa, para cercenar, entre otros aspectos, cualquier intención de dotar del personal necesario para consolidar unos servicios públicos que procuren la ansiada igualdad y cohesión social. Para ello combina dos acciones: fija la tasa de reposición para la Oferta Pública de Empleo correspondiente a cada año -concepto ideado para diezmar el contingente del personal fijo de las administraciones, aunque ya estamos por debajo de la media de la OCDE-;y prácticamente imposibilita la contratación de personal temporal que supliría la bajada de calidad en los servicios provocada por el elemento anterior. Por contra, ningún límite a la externalización de servicios, aún estando demostrado que ésta no conlleva ahorro y sí precariedad. Al hilo de estos temas, fue una burla que se nos pretendiera vender como un éxito la firma, a nivel estatal, entre UGT, CCOO, CSIF y Montoro, del denominado Acuerdo para la Mejora del Empleo Público (2017), acuerdo calificado de “histórico” en la “dignificación de la Administración Pública” y mediante el cual dicen pretender estabilizar el empleo de miles de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, lo cierto es que va a legitimar la pérdida de miles de empleos -estos sindicatos habían cifrado en unos 140.000 los empleos públicos perdidos en el Estado solo entre 2011 y 2015-, empleos que no serán recuperados y a los que habrá que sumarles los miles que se sigan perdiendo gracias a que la tasa de reposición acordada para muchos colectivos la han establecido en el 50% -que solo se reponga la mitad de las jubilaciones y demás-, y a que las cacareadas OPE extraordinarias de estabilización, que pretenden reducir la escandalosa temporalidad, dejan fuera a miles de personas que trabajan en sectores que no han considerado prioritarios.

Así pues, de todo lo anterior se puede inferir que estamos ante una estrategia calculada de debilitamiento de la Administración, en la que con la excusa de la crisis, la optimización de los recursos públicos y las obligaciones que conlleva la pertenencia a la UE, algunos grupos de poder ansían asegurarse nichos de negocio en la prestación de los servicios desempeñados hasta ahora por el personal de los niveles medios-bajos de las administraciones. Para ello utilizan el placebo de que el trabajo desempeñado por éstos es ejecutado de modo más eficiente por empresas, y que la presencia de personal funcionario en los niveles altos queda garantizada -“que son quienes aportan valor añadido”-, a la vez de que se eliminan los testigos incómodos que proporciona el derecho a la inamovilidad del funcionariado -garantía de pluralidad e independencia-.

Conocer esta estrategia es imprescindible para intentar comprender asuntos tan inexplicables como, por ejemplo, los resultados de la firma del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Iruña para la gestión de las bibliotecas públicas de esta ciudad, merced al cual, de momento, la biblioteca con más potencial va a estar atendida por dos únicas personas en plantilla con perfil bibliotecario, a la espera de alguna subcontratación que pueda garantizar la correcta prestación de los servicios y que, como hemos visto antes, resulta imposible contratar desde el Gobierno de entre aquellas personas que superaron las pruebas selectivas que éste convocó para cubrir las necesidades temporales que pudieran surgir en sus bibliotecas. Asimismo, por poner un ejemplo más de los muchos posibles, también es reseñable que Hacienda no pueda contratar más personal para luchar contra el fraude y, en cambio, sí pueda habilitar partidas económicas para pagar más complementos a parte del personal existente con el objeto de motivarle a que haga su trabajo con más entrega.

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que desmantelen nuestras modestas estructuras de igualdad y cohesión social? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que Rajoy mande incluso en nuestras bibliotecas?

Firman este escrito: Elena Hernández Ruiz de Larrinaga, Pilar Rubio Sánchez, Pablo Azpiroz Iribas, delegados de ELA en la Administración Foral