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Catalunya y una teoría del Poder

Pensar que la estrategia de ocupación del Estado, que le ha ido cogiendo gusto a la aplicación del artículo 155, iba a terminar con las elecciones del 21-D era otra de las ficciones del reciente otoño cargado de fantasías. Un análisis de Jesús Barcos
Fotografía de Toni Albir

Domingo, 4 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Manifestantes con caretas de Puigdemont el martes en el centro de Barcelona.

Manifestantes con caretas de Puigdemont el martes en el centro de Barcelona.

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  • Manifestantes con caretas de Puigdemont el martes en el centro de Barcelona.

Un año después, las tesis partidarias de ocupar el autogobierno catalán se han convertido en hechos naturalizados por la mayoría de la opinión pública española. Una forma de escarmiento institucional, con toda su maquinaria en marcha, se ha asentado desde hace meses en el estado. “Cataluña no tiene poder político para separarse de España (…) Suspendes el Gobierno de la Generalitat. Al presidente de la Generalitat. A la presidenta del Parlament. A uno, dos, tres cargos públicos. A los que hayan convocado el referéndum (…) Ocupas tú el poder. Entonces el debate ya no sería cuándo van a lograr la independencia, sino cuándo van a recuperar la autonomía. (…) La Guardia Civil está para lo que tenga que estar”. Son palabras de Juan Luis Cebrián en febrero del año pasado. El vértigo que aún sentía el Gobierno en aquel momento se ha convertido doce meses después en una operación asentada. Recordar a estas alturas que el Estado español hubiera encarrilado la cuestión catalana pactando y ganando un referéndum, en vez de mediante un asalto jurídico y policial, parece un ejercicio de completa ingenuidad, lo cual es en sí mismo tremendo. Porque el Estado le ha cogido gusto a la excepción, y poco le importa labrarse la imagen de una inmensa comisaría en Catalunya.

Pensar que esta estrategia de ocupación iba a terminar con las elecciones del 21-D era otra de las ficciones de aquel reciente otoño cargado de fantasías. En tres lustros Catalunya ha pasado del “apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya” de Zapatero en 2003, al “por supuesto respetaremos los resultados del 21-D” de Rajoy en 2017. Convertido una vez conocidos los resultados en un “haré todo lo posible para que Puigdemont no sea investido”. El Estado cree en el divide y vencerás, pero sobre todo en el prohíbe, castiga y vencerás. Lo cual ha terminado por resquebrajar al independentismo, como quedó claro en los mensajes pretendidamente privados del propio Puigdemont. Parecía la hecatombe, pero en poco tiempo sabremos si el hecho de hacerse públicos resulta negativo o positivo para la posición política del candidato a president. A veces un estallido de sinceridad perjudica. A veces, aunque no fuera intencional, puede beneficiar. En todo caso, Junts per Catalunya y ERC tienen que resolver urgentemente el estatus político y personal de Puigdemont, que a pesar de lo dicho en campaña y dada también la ofensiva del Estado para evitar de antemano su investidura, prolongará su exilio.

Un punto de giro

Si hay lealtad y audacia, elementos ahora en duda, su labor puede ser un activo en una etapa que no puede abandonar a su suerte a sus líderes pero tampoco debe negar el posibilismo. Difícil equilibrio cuando el Estado no se quedará en ningún caso de brazos cruzados, anclado desde hace meses en el espíritu del a por ellos.

La participación de Felipe VI en la operación de Estado tras el 1-O traía una triple hipoteca: olvidaba su labor de arbitraje, impulsaba un tripartidismo que dejaba de lado a Podemos, y bajo el principio de dejar bien parado al monarca, apuntalaba la estrategia centralista de una huida hacia adelante. Las consecuencias ya se vislumbran. Si tres generaciones de españoles terminan interpretando con más o menos alborozo o conformismo que la cárcel ha servido a la causa de la nación española, el independentismo (y el conjunto del soberanismo) arrastrará un problema bastante más serio que el que ya calibra: el de un nacionalismo español más duro e intransigente que al mismo tiempo que sigue negando su propia existencia pretende marcar el paso hacia una nueva época. De ahí el éxito emergente de Ciudadanos, cosa que no debería extrañar desde una perspectiva de izquierdas. Una crisis del capitalismo acabó aupando al poder al Partido Popular en 2011. Imposible no es que una crisis del nacionalismo español termine aupando a Ciudadanos. Por cierto, recuerden la hoja de ruta de la formación naranja al comenzar el año: “presionar” al bloque independentista en su división “para que se cuezan en su propia salsa”.

La ocasión perdida

Las elecciones del 21-D, por el equilibrio de bloques, daban una oportunidad a la distensión. No ha sido así. Entre la necesidad de ampliar la base social y la represión del Estado, la independencia y no digamos la implementación de la república es un horizonte del todo irreal, pero también suena ficticia la confederación y hasta la federación plurinacional. Y ahí sí hay una mayoría amplísima soberanista. Pero para el Estado no se trata de porcentajes democráticos, sino de poder y más exactamente de abuso de poder, clamoroso desde el Estatut. La operación del 1-O y del art. 155 una vez abierto el conflicto, era una oportunidad de reinyectar nacionalismo español a una población que supuestamente adolecía de centralismo y de orgullo monárquico. Además, pese al estruendo generado, el Estado español ha mantenido el apoyo de sus socios europeos. Así que la vía unilateral se ha demostrado en estos meses inviable en Europa. Lo cual tampoco alarga el recorrido de la bilateralidad en un Estado con vocación unilateral. Catalunya no pudo negociar ni de forma bilateral ni a base de mediadores. ¿Cuál es entonces su camino político para cargarse de razones?

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