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¿Es sostenible el sistema público de pensiones?

Por Fernando Viedma - Viernes, 9 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Se encendieron todas las alarmas al conocerse el dato de que el patrimonio neto de la Seguridad Social está en números rojos, situándose al cierre del ejercicio de 2016 con un déficit de -176.000 millones de euros, una cifra que supondría su disolución si se tratara de una empresa privada. En sólo cinco años el Gobierno de Mariano Rajoy ha colocado a la Seguridad Social en una situación de quiebra absoluta, máxime teniendo en cuenta que Zapatero se la entregó saneada al terminar su legislatura en 2011.

A esta pérdida patrimonial se une el saqueo que el Gobierno ha hecho de la denominada hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social). Este Fondo ha pasado de disponer de 67.000 millones de euros a la llegada de Rajoy al Gobierno en 2011 a unos 8.000 millones en actualidad. El mismo estaría ahora en número rojos si no hubieran inyectado dinero a través de un préstamo de 10.192 millones de euros.

Para evitar que aumente ese déficit, el Gobierno reacciona recortando las pensiones de los últimos años y empobreciendo a los pensionistas con revalorizaciones de miseria por debajo del IPC, con incrementos mínimos del 0,25%. Haciendo recaer todo el sacrificio de su quiebra en los nueve millones y medio de pensionistas y jubilados. Y condenando a la miseria a 4,7 de millones de personas cuyas pensiones están por debajo del SMI y las cuales se encuentran en el umbral de la pobreza. Las pensiones han perdido más de 5 puntos de poder adquisitivo desde que comenzó la crisis, Fátima Báñez miente cuando asegura que no han perdido poder adquisitivo.

Las políticas del Gobierno en esta materia continuarán por la senda de la reducción sistemática del gasto de pensiones a través de su reforma del 2013, aplicando el mecanismo que en ella se contempla de Índice de Revalorización de las Pensiones, por el cual las subidas futuras seguirán desvinculándose de la inflación para tener en cuenta el equilibrio presupuestario. Con esta revalorización anual de las pensiones del 0,25%, independientemente del nivel de inflación, en 10 años habrán perdido un 17,5% de poder real de compra.

Si al déficit estructural que existe actualmente en la Seguridad Social (-6.000 millones de euros) le añadimos los intentos del Gobierno de fomentar los planes privados de pensiones, así como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años o el factor de sostenibilidad que entrará en vigor el próximo año mediante el cual se amplía a toda la vida laboral el cómputo para cuantificar el importe de la pensión, y la caída en la recaudación de cuotas, nos encontraremos en un futuro no muy lejano con que el Gobierno habrá desmantelado el Sistema Público de Pensiones, entregando su gestión a los intereses privados y especulativos de la banca.

¿Cuáles son las causas de esta quiebra? Son varias, pero la más importante es la bajada de ingresos debido al menor importe recaudado de las cotizaciones de los trabajadores por los que se nutre básicamente la Seguridad Social, siendo las causas principales de esa bajada de ingresos la caída del empleo, su precariedad y baja calidad, salarios más bajos, la brecha salarial entre hombres y mujeres, fraude laboral continuado, etcétera. Por otro lado, también ha habido menos ingresos por el uso del Fondo de Reserva en otras políticas como las bonificaciones, exenciones y reducciones directas de cotizaciones a las empresas, cuya finalidad era crear empleo estable, pero que ese objetivo no se ha cumplido ya que la inmensa mayoría de los contratos han sido temporales y de corta duración. Igualmente, el establecimiento de tarifas planas para autónomos, pero que no resuelven los problemas que tiene este colectivo. El coste total de estas ayudas, según el Gobierno, asciende a 3.735,8 millones de euros anuales. Todo ello coincidiendo con la entrada en vigor de la contrarreforma laboral.

El Gobierno exige que las pensiones se recorten para equilibrar el sistema (pero no dicen cómo). En cuanto a la financiación de las pensiones contributivas con cargo a impuestos que el PP/C’s proponían, hay que recordar que ésa siempre ha sido la propuesta de la patronal. Desde los pactos de la Moncloa y luego con el Pacto de Toledo han ido erosionando la caja de la Seguridad Social con esta perspectiva. Es también la política que patrocina la UE, que en primer lugar significa reducir los costes salariales porque supone bajar los salarios en beneficio de los empresarios. La Patronal la defiende no por casualidad, sino porque eso abre la vía a reducir las cotizaciones patronales a la Seguridad Social.

Todas estas políticas y actuaciones tienen un grave y directo efecto en la caja de la Seguridad Social, y van encaminadas a debilitar su sostenimiento público a través del desplome de los ingresos. El Sistema Público de Pensiones en nuestro país está basado en la solidaridad de la clase obrera. La solidaridad entre generaciones de trabajadores consistente en que los activos financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados, que a su vez cuando trabajaron fueron cotizantes para pagar las prestaciones de sus mayores. Pero todas esas cotizaciones son salario, salario diferido. Rebajar las cotizaciones patronales sería una rebaja generalizada de los salarios.

Por tanto, de continuar estas políticas que afectan gravemente al Sistema Público de Pensiones, su mantenimiento público será complicado, y es muy probable que se desmorone en los próximos años porque el actual sistema de reparto, según está planteado, no garantiza por sí solo la financiación de las pensiones actuales y la viabilidad de las que se están generando.

Para revertir esta situación es necesario aplicar otras políticas y otras medidas dirigidas a preservar y garantizar el derecho fundamental a una pensión digna a nuestra generación y a la venidera. Así lo contempla la Constitución española en su artículo 50 : “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Para cumplir con este derecho habría que adoptar otras políticas que permitieran la defensa del Sistema Público de Pensiones como:

Las pensiones deben ser un derecho constitucional, y como tal deben quedar reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado. Restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados. Recuperar el subsidio para mayores de 52 años. Derogación de las contrarreformas laborales de 2011 y 2013 por ser las causantes de la sangría de derechos de los trabajadores. La pensión mínima debe ser de 1.080 €, que garantice con dignidad la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real y recuperación económica de lo perdido desde 2011. Homologación de las prestaciones a niveles europeos. Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia. Eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios. Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte). Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería, etcétera) Asimismo, habría que acometer una profunda reforma fiscal para que contribuyan los que más tienen, y una verdadera reforma laboral como herramientas para facilitar la redistribución de rentas y recursos.

El autor es portavoz de la Coordinadora Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

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