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Urge una relación de igual a igual con el Estado

Por Maddalen Iriarte y Adolfo Araiz - Sábado, 10 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

suma y sigue. El Tribunal Supremo español ha anulado recientemente la jornada laboral de 35 horas del sector público de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, una sentencia que empeora sensiblemente las condiciones de trabajo de miles de personas;un día antes el Constitucional había dejado sin efecto parte del articulado de la ley anti-fracking aprobada en el Parlamento de Gasteiz sin ningún voto en contra, de modo que hoy es más real el riesgo de que se retomen proyectos de exploración gasística mediante fracturación hidráulica;y casi coincidiendo en el tiempo el Ejecutivo español recurría la convocatoria de ayudas del Gobierno navarro para la elaboración de un informe sobre la tortura, al estilo del encargado por Lakua al Instituto Vasco de Criminología.

Son tres ejemplos -los más recientes, pero de ninguna manera los únicos- del modelo de relación vigente entre los territorios del sur de Euskal Herria con el Estado español, que se reserva para sí la capacidad de vetar, anular, suprimir, inhabilitar, derogar y revocar decisiones de las instituciones de este país que responden legítimamente a las aspiraciones de la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida.

Los ejemplos de ese modelo de dependencia y subordinación son, por desgracia, interminables. Por citar algunos, en la CAV Madrid ha dejado sin efecto, total o parcialmente, la Ley de Víctimas de Violencia Policial, la de Vivienda, el decreto que garantiza el acceso universal a la atención sanitaria, la convocatoria de ofertas públicas empleo y hasta la regulación de los clubes de cannabis en el marco de la Ley de Atención a las Adicciones y Drogodependencias. En Nafarroa las cosas no son diferentes. Entre las 17 leyes forales que el Estado ha recurrido y en algunos casos ya ha anulado destacan algunas de profundo carácter social como la ley que establecía medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, la ley para garantizar la sanidad universal, la ley para reducir los efectos del copago farmacéutico o la que reconoce y repara a las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios del Estado.

La última sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la ley navarra que reconocía a todas las personas residentes en Navarra, independientemente de su situación administrativa, el acceso a la prestación farmacéutica lo dejaba bien claro. Dicta que Nafarroa no tiene competencia para mejorar la normativa estatal y ampliar derechos a la ciudadanía. Que no es soberana para adoptar medidas que mejoren la vida de su ciudadanía por encima de leyes estatales. Café para todos, uniformidad a la baja. El cambio en Nafarroa es avanzar en derechos, servicios y posibilidades para ciudadanía y por ello reiteramos que solo mediante la capacidad de decidir nuestras propias políticas en todos los ámbitos podrá ser real.

Es evidente que esta forma de relación es perjudicial para las necesidades de los hombres y mujeres de este país porque vulnera derechos básicos e hipoteca nuestras decisiones en todos los ámbitos de su día a día, siempre a expensas de que el Gobierno español de turno las dé por buenas o no. De eso hablamos en EH Bildu cuando reivindicamos el derecho a decidir.

Eso es lo que, en el contexto de la ponencia de autogobierno en el Parlamento de Gasteiz, situamos en el eje de lo que debe ser el nuevo estatus político de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Eso es lo que también hemos defendido y defenderemos con la iniciativa Nafarroak Erabaki! y el enfoque que defenderemos cuando se aborde de manera efectiva la reforma de la Lorafna, que la ciudadanía navarra jamás refrendó. Derecho a decidir no es solo convocar un referéndum de independencia, que también, sino disponer de capacidad normativa plena para el libre desarrollo de los derechos fundamentales de la ciudadanía, disponer de un marco seguro para el ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos de forma que la sociedad vasca no esté sometida a legislaciones restrictivas ajenas a su voluntad democrática.

El blindaje de competencias, de los derechos sociales y económicos, no es otra cosa que derecho a decidir. Blindar las competencias y derechos de nuestra ciudadanía implica blindar su decisión, asumir que ésta es soberana y no está subordinada a una legalidad externa superior. Por eso, no hay blindaje de ningún tipo sin derecho a decidir, y es una falacia disgregar ambos conceptos como si fueran cuestiones sin relación. No cabe separar ambos debates: en el contexto del debate sobre el nuevo estatus político de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se blindarán las competencias y derechos de la ciudadanía de estos territorios solo en la medida en que reconozca y asuma su derecho a decidir sin dar posibilidad al bloqueo exterior, léase Madrid. Todo lo que no sea eso ya lo conocemos: en la CAV se llama Estatuto de Gernika y en Nafarroa, Amejoramiento, y significan que nuestra capacidad de auto organizarnos y auto regularnos llega no hasta donde nos permiten nuestras capacidades como pueblo, sino solamente hasta el punto que en cada momento dictaminan en Madrid, un margen que, además, se estrecha cada vez más debido al proceso de involución y recentralización del Estado.

En definitiva, lo que está en cuestión es el modelo de relación con el Estado español, la necesidad cada vez más imperiosa de dar carpetazo definitivo al modelo de la subordinación y la dependencia para pasar a un régimen de relaciones basado en el principio de igualdad política que nos dote como país de capacidad normativa y ejecutiva exclusiva e incondicionada sobre las políticas públicas y también sobre la posibilidad de articular nuevas estructuras entre los territorios de Euskal Herria.

Los autores son portavoces de EH Bildu en los Parlamentos de Navarra y Gasteiz

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