Alguien tendrá que explicar...

Javier Orcajada del Castillo - Martes, 13 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

... Por qué un niño de 13 años que mata a otra persona no incurre en responsabilidad por hallarse fuera de la edad penal. No se le podrá someter al mismo proceso que a un adulto, aunque su acción tiene consecuencias para otros, pues de lo contrario repetirá. Es un hecho que debería analizarse con atención porque, además, se demuestra que todo el sistema educativo de adolescentes problemáticos es un fracaso a pesar de la multitud de expertos que venden humo. Y no es solución encerrarlos en reformatorios, aunque ahora tengan nombres neutros.

Las sociedades avanzadas tienen que ser conscientes de que deben asumir el coste social y económico de recuperar a adolescentes conflictivos que, en la mayoría de los casos, no son culpables y tienen derecho a su dignidad, a veces perdida, por culpa de los desequilibrios sociales en los entornos que viven.

Tampoco se puede entender que alguien que sea violentado por otras personas no pueda defenderse, a veces con riesgo de sus vidas, pues si de la lucha en la agresión se derivan consecuencias penales, intervendrán la policía y los jueces y al menos tendrá que sufrir el rigor del proceso y puedan derivarse responsabilidades penales para el atacado por defenderse. Parecería que el ciudadano ejemplar sería el que ante una agresión tiene que soportarla estoico e incluso dé buenos consejos mientras le vapulean.

Los jueces quieren evitar reyertas, pues para defender a la ciudadanía -afirman- está la policía, aunque ésta llegue cuando los atacantes se hayan esfumado y el agredido deba declarar para demostrar que no ha repelido la agresión.

En este orden de impunidades flagrantes que parece que los jueces ignoran, está la sorprendente ley que impide a los propietarios desalojar a okupas profesionales que invaden sus domicilios cuando no hay nadie. Es taxativo, nadie se puede tomar la justicia por su mano, bajo el argumento de que se exige un proceso legal. Y que, mientras se sustancie, y pueden pasar años y el propietario tiene que solucionar dónde alojarse para supervivir y con la posibilidad de que el juez falle en su contra y tenga que enfangarse en pleitos eternos.

En estos casos se demuestra que la injusticia social está latente, alimentada por las instituciones con su lentitud y la escasa sensibilización de los jueces, muchas veces con el socorrido argumento de la falta de dotación presupuestaria.

Estas son las causas que perpetúan que los delincuentes no tengan la oportunidad de rehabilitarse porque se limitan a aplicar la reclusión en centros de donde saldrán convertidos en delincuentes potenciales, pues las instituciones consideran que analizar soluciones es dejación de autoridad.

Un filósofo que criticaba a los que culpan estos desajustes a los problemas de dotación presupuestaria, preguntaba: “¿Que la enseñanza es cara? Prueba con la ignorancia”.

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