PAMPLONA.- La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha presentado hoy el Anteproyecto de Ley Foral de Derechos Culturales, que establece como objetivo prioritario el pleno reconocimiento de los derechos culturales como derechos de carácter fundamental.

El documento estará disponible en el portal de Gobierno abierto, por un plazo de 30 días, para que las personas interesadas puedan presentar sugerencias y alegaciones, ha informado el Ejecutivo foral en una nota.

La jornada de presentación ha contado con la participación de Javier Barcelona, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria y asesor en la redacción del Anteproyecto de Ley Foral de Derechos Culturales;y Roldán Jimeno, miembro del Consejo Navarro de Cultura y coordinador del grupo de trabajo redactor del Anteproyecto.

Las mismas fuentes señalan que este Anteproyecto de Ley Foral nace "para asegurar y promocionar los derechos culturales, a través del fomento de políticas culturales que defiendan el valor de la cultura como bien común y los derechos de acceso a la misma y de participación en la vida cultural como pilares de la construcción de una sociedad más igual y democrática".

En concreto, la norma persigue como objetivos establecer un marco de reflexión conjunto entre las políticas culturales y los derechos culturales;instaurar las condiciones para la igualdad en el acceso a la cultura;constatar el valor de los derechos culturales como base indispensable;y promover y proteger la diversidad cultural y lingüística de Navarra, su pluralidad de identidades, patrimonio material e inmaterial, entre otros aspectos.

Asimismo, pretende establecer un marco institucional que garantice la transparencia y la corresponsabilidad en la gestión pública de la cultura y facilite la participación ciudadana y del sector en la concepción de las políticas culturales y en la evaluación de su impacto.

La puesta en marcha de esta Ley supondría dar respuesta a la inexistencia de una normativa de estas características en contextos europeos y estatales, según el Gobierno.

La norma pretende poner en valor las políticas culturales en relación con los derechos culturales, y establecer obligaciones de las administraciones públicas en relación con los derechos culturales.