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Otro varapalo europeo al Tribunal Supremo

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va por primera vez más allá de condenar al Estado español por no investigar las torturas para hacerlo directamente por la comisión de tratos inhumanos y degradantes

Miércoles, 14 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena al Estado español por violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos -“Prohibición de la tortura: nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”- en la detención de los miembros de ETA Igor Portu y Martin Sarasola en enero de 2008 va más allá de reiterar las ocho sentencias condenatorias del TEDH anteriores por eludir su obligación democrática de investigar las denuncias de torturas o malos tratos. En esta ocasión y por primera vez, además, el tribunal presidido por la magistrada sueca Helena Jäderblom condena al Estado español por la violación del art. 3 en su aspecto “material”, es decir, en la comisión de tratos inhumanos o degradantes a los detenidos. Y lo hace en ambas vertientes del delito por unanimidad de los siete miembros del tribunal, con el añadido de que el voto particular de tres de ellos (Helen Keller, Pere Pastor y Georgios A. Serghides) afirma que la condena al Estado español debía haber considerado los hechos como torturas en lugar de como malos tratos. Pero más allá de esa distinción, que en todo caso se habría trasladado al montante de las indemnizaciones dictadas por el TEDH, la relevancia de este segundo aspecto, la condena por la “violación material” del artículo 3, es la constatación efectiva por la más alta instancia judicial europea de la realidad de la tortura por los cuerpos policiales del Estado español -que solo había sido admitida en 24 ocasiones por la justicia estatal entre 1979 y 2001 y sin apenas consecuencias- y la consiguiente necesidad de reconocer y enfrentar un problema que solo en la CAV y en el periodo 1960-2013 ha identificado a cuatro mil víctimas, según la investigación del Instituto de Criminología dirigido por el forense Francisco Etxebarria. Así, la primera forma de enfrentar esa realidad es la de considerar, en virtud del dictamen del Tribunal Constitucional en 1993, que la jurisprudencia del TEDH “resulta de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento” y debe conllevar consecuencias para los autores y no, como ha sucedido hasta la fecha y con casos notorios, la ocultación del delito y/o el indulto. Un nuevo fallo de la justicia que supone también un nuevo varapalo que deja muy mal a la justicia española, en este caso al propio Tribunal Supremo que anuló la condena inicial a cuatro miembros de la Guardia Civil por estos mismos hechos dictada por la Audiencia de Gipuzkoa.

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