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La exalcaldesa de Tafalla evita el juicio por falsedad e insolvencia con un acuerdo extrajudicial

Tres acusados devuelven los 93.326 € que habían percibido de forma irregular

Jesús Morales - Miércoles, 14 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La exalcaldesa de Tafalla Cristina Sota (UPN).

La exalcaldesa de Tafalla Cristina Sota (UPN). (Patxi Cascante)

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  • La exalcaldesa de Tafalla Cristina Sota (UPN).

PAMPLONA- La exalcaldesa de Tafalla, Cristina Sota (UPN), y otros seis socios más de la empresa Construcciones y Reparaciones La Nava SL, evitaron ayer la celebración del juicio por los delitos de falsedad e insolvencia punible por haberse apropiado de 93.326 euros de la mencionada sociedad, al llegar a un acuerdo extrajudicial y abonar los tres socios trabajadores la cantidad que habían percibido de forma irregular. Al inicio del juicio, la acusación particular ejercida por los administradores concursales retiró la imputación y el titular del Juzgado de lo Penal número 2 dictó la absolución in voce de los siete procesados.

El procedimiento judicial que se resolvió ayer se incoó a raíz del juicio de calificación del concurso de acreedores relativo a la mencionada constructora en la que la exalcaldesa regionalista tenía un 6% de las acciones. En el juicio que se celebró en 2014, la administración concursal de la mercantil, que entró en fase de liquidación a mediados de 2013, detectaron la existencia de un acta de una junta que indiciariamente podría haber sido falsificada. Dicho documento, fechado el 6 de septiembre de 2007, “y que había sido elaborada no antes del año 2013 para su aportación a la administración concursal”, según el juez instructor, especificaba las indemnizaciones que percibirían dos socios trabajadores en el caso de ser despedidos de la empresa, y que “contenía cita de legislación posterior a su fecha nominal”. Según el instructor, tras la incorporación a su patrimonio societario de la citada cantidad, se creó por parte de los socios “una apariencia documental para su justificación” a la que nunca antes se había hecho referencia.

Mientras que la Fiscalía no aprecia delito en las actuaciones de los procesados, la acusación particular ejercida por la administración concursal de la empresa, en defensa de los intereses de los acreedores, sostenía que se habían cometido los delitos de falsedad documental y de insolvencia punible, y pedía 8 años de prisión para cada uno.

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