Tropezar en la misma piedra

Viernes, 16 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

El pasado día 31 de enero la Cámara de Comptos presentó en el Parlamento de Navarra el informe sobre la evolución de los avales fallidos en el sector de las empresas públicas en el periodo 2001-2015.

La conclusión principal de este informe se traduce en que a través de las empresas públicas Nafinco y Sodena, en el mencionado periodo se produjeron un total de 39.259.000 € de avales fallidos, que sumados a los otros 12.219.000 € de avales fallidos realizados directamente por la Administración (de acuerdo al informe de Comptos 2017/06 de fecha 17 de marzo de 2017 sobre el endeudamiento del Gobierno de Navarra 2000-2015), hacen un total de 51.478.000 € que hemos pagado a los bancos (principalmente a la Caja de Ahorros de Navarra, ahora Caixabank) el conjunto de la ciudadanía navarra.

A esta cantidad hay que añadir los 5 millones de € de los contratos Swaps y Collar que la misma Cámara de Comptos refleja en el mencionado informe 2017/06 en sus páginas 31 y 32. Los 19,7 millones de € perdidos por la ciudadanía navarra en la compra-venta de acciones de Iberdrola, según refleja el informe de Comptos 2016/03 de fecha 21 de enero de 2016. Más los 47,3 millones de € de sobre intereses respecto a la emisión de deuda que venció el pasado 17 de febrero del 2017 y los 67,6 millones de € de sobreintereses en la emisión de deuda que va a vencer en los meses de junio y octubre de este año 2018.

Nos da como resultado 191 millones de deuda ilegítima que, desde el Parlamento Social, venimos insistiendo en que el Gobierno de Navarra muestre una actitud responsable respecto a la ciudadanía que representa e inicie una negociación con estos bancos, de cara que en las próximas amortizaciones de deuda se realicen las quitas correspondientes.

Pero, ¿por qué consideramos los avales fallidos deuda ilegítima?

Para explicarlo nada mejor que indicar lo que la empresa pública Sodena definía como Aval Moderna, “30 millones de euros para garantizar préstamos concedidos por las entidades financieras a proyectos de inversión alineados en los sectores estratégicos del Plan Moderna.

Definición confirmada el pasado mes de enero por la actual directora gerente de Sodena, que en sede parlamentaria dijo: “En relación a los avales eran las propias entidades financieras quienes analizaban el riesgo de las inversiones a realizar, en lugar de la propia Sodena. Así, la empresa pública concedía avales en función de los informes realizados por las entidades bancarias que habían decidido invertir en cada proyecto”.

Si añadimos esto que la consultoría Arpa Asesores reflejaba en su web en marzo del año 2009, en relación a los avales Nafinco “Para acceder a dichos avales deben Vds. contactar con las entidades financieras que realizan los préstamos. Sin perjuicio de ello pueden también contactar con este despacho para solventar cualquier duda que tengan al respecto o para canalizar dicha petición a través de la propia organización de Arpa Asesores”.

La pregunta es ¿qué pintaban toda la organización y estructura que tenían Sodena y Nafinco si lo único que hacían era dar el dinero de toda la ciudadanía navarra a los bancos cuando a estos les fallaban los proyectos empresariales donde habían invertido?

Y decimos que empleaban el dinero de todas las personas navarras, porque el dinero que estas empresas públicas abonaban a los bancos no era generado por dichas empresas públicas, sino que salía de los Presupuestos Generales de Navarra.

Un ejemplo claro sobre esta forma de proceder es el aval que Nafinco concedió a la empresa Cárnicas del Sadar a finales de la década de los noventa. Por un préstamo de 1.684.185 € que realizó la CAN a esta empresa, y que ante el fracaso de la misma, Nafinco abonó a la Can. Pero no lo hizo con su dinero.

En la memoria de ejecución presupuestaria realizada por el Gobierno de Navarra correspondiente al año 2007. En su capítulo VIII (Activos financieros), en el punto correspondiente a adquisición de acciones y participaciones del sector público realizados por el Departamento de Hacienda, figura que se dan exactamente estos 1.684.185 € a Nafinco.

Son este tipo de casos por lo que desde el Parlamento Social decimos que los avales fallidos son deuda ilegítima y el Gobierno de Navarra debería negociar con los bancos para la recuperación de estos 51,5 millones de euros que indicamos al principio de este escrito.

Pero desde el Parlamento Social, además de auditar estos marrones que nos han dejado los gobiernos de UPN, velamos porque esta forma de gestionar no se repita y este Gobierno del cambio sea estrictamente riguroso a la hora de administrar el dinero de toda la gente de Navarra.

Decimos esto porque estamos observando con preocupación que el funcionamiento de Sodena, así como el de su organización matriz, la denominada Corporación Pública Empresarial (CPEN), está siguiendo los mismos procedimientos y maneras de actuar que los utilizados por el régimen UPN-PSN.

No es extraño. Ya que este Gobierno mantiene intactas todas las estructuras directivas de estas empresas públicas que realizaron todos esos desaguisados. Se ha dejado en manos del consejero de Desarrollo Económico toda la gestión y control de estas sociedades, y éste ha optado por gestionar directamente la CPEN. Como lo refleja la memoria de las cuentas anuales del 2016 de dicha empresa, en las que se indica que las labores de alta dirección son desempeñadas por el consejo de administración, o sea el señor Ayerdi, también presidente del consejo de administración de las empresas públicas Sodena, Tracasa Mercado y Nasuvinsa. Tómense la molestia de ver a qué se dedican estas empresas y comprobarán el poder que se le ha dado a dicho consejero.

Y no ponemos en cuestión que por su profesionalidad y capacidad de trabajo pueda llegar a todo. Pero el poder controlar a todos esos equipos directivos, herederos del régimen UPN-PSN, ya nos genera más dudas.

Sirva como ejemplo, no es el único, la concesión de un préstamo participativo de 400.000 € que Sodena concedió el 1 de septiembre de 2016 a la empresa Rodona Industrias Gráficas. Un préstamo que servía de apoyo financiero a un proyecto empresarial que Sodena calificó como un referente de la impresión de inyección de tinta de España.

Y nosotras no decimos que no. Y ojalá vaya bien el asunto. Pero cuando vemos que el presidente de esa empresa era a la vez presidente y administrador único de otra empresa que se llamaba Ona Industrias Gráficas, que se dedicaba a lo mismo que a la que Sodena le ha concedido el préstamo. Pero que, de acuerdo a lo reflejado en el boletín del registro mercantil de fecha 27 de febrero de 2017 se resuelve el concurso de acreedores con el auto, en el que se indica la inexistencia de bienes y la extinción de la sociedad, dejando a la Hacienda Foral de Navarra una deuda que supera los 850 mil euros empezamos a preocuparnos.

Por cierto, dicho empresario es vocal de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, organismo que se caracteriza por la crítica a este Gobierno desde el inicio de legislatura, por su, según dicen, infierno fiscal y económico al que ha convertido Navarra para sus empresas

Es por lo que pedimos que para en un futuro no tengamos que estar reclamando posibles marrones generados en esta legislatura. Se reestructure, organice y se ponga gente en las direcciones de la CPEN y sus empresas públicas acorde con lo que la mayoría de la sociedad navarra exige a un Gobierno autodenominado del cambio.


Los autores son: Akina de la Cruz Maya, Mertxe Antona Bejarano, Mertxe Larunbe, Gurutze Andueza Ostolaiz, integrantes del Parlamento Social / Parlamentu Soziala

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