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Los detenidos y condenados siguen siendo sujetos de derechos

Por Joseba Santamaria - Domingo, 18 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a vuelto a condenar al Estado español por un asunto vinculado a los malos tratos y la tortura en la lucha contra el terrorismo de ETA, dejando en evidencia al Tribunal Supremo -por enésima vez, aunque eso no parece importar nada a los altos magistrados de esa instancia judicial-, que había anulado una condena anterior de la Audiencia de Gipuzkoa a cuatro agentes de la Guardia Civil por malos tratos a los miembros de ETA Portu y Sarasola, autores del atentado en la T-4 de Barajas en el que fallecieron dos personas. Este nuevo fallo contra el Estado español por incumplir el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos incide en la rutinaria facilidad con la que los tribunales ordinarios de justicia españoles archivan sistemáticamente las denuncias de torturas y malos tratos, ya sea en el ámbito político, social, étnico o migratorio. Y también la facilidad con que bajo la excusa del todo es ETAse saltaron líneas rojas fundamentales en la vulneración de derechos al amparo de la connivencia judicial y policial y el sumiso aplauso mediático y político. Un sistema de respuesta que ahora se está repitiendo con la misma impunidad en Catalunya contra los dirigentes independentistas. Son ya más de veinte los casos en los que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado sólo por asuntos relacionados con los malos tratos policiales. Pero también le ha sacado los colores en otros asuntos de trascendencia política, como cuando sentenció que el expresidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, y los exmiembros de la Cámara, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, habían visto vulnerado su derecho a un juicio justo cuando fueron condenados en abril de 2008 por el Supremo. Europa está dejando en evidencia una y otra vez que la actuación del poder judicial en el Estado español y su alineamiento con intereses políticos nada tienen que ver con la impartición de una justicia garantista y democrática o están directamente reñidos con la misma. Con todo, lo peor han sido las reacciones políticas y sociales tras la última sentencia de Estrasburgo: insistir en mirar hacia otro lado y reiterar la negación de los hechos. El discurso oficial ha optado por aferrarse a la falsedad histórica de que pese a las reiteradas denuncias -avaladas incluso por la ONU-, no hay en la actualidad ningún condenado, ya sea en el ámbito político, social, étnico o migratorio. De hecho, los pocos agentes que han sido condenados por torturas -apenas ha habido una veintena de sentencias condenatorias-, han acabado indultados, ascendidos y en algunos casos condecorados. Pero lo cierto es que sólo el reciente informe del forense Paco Etxeberria sobre la CAV documenta 4.000 casos de torturas y malos tratos. Además, se ha puesto en marcha una peligrosa corriente de agitación social que defiende una devaluación, cuando no directamente una eliminación, de los derechos humanos. Que trata de imponer el criterio antidemocrático de que los acusados de delitos por muy graves, como el caso de Portu y Sarasola, no siguen siendo sujetos de derechos fundamentales en un Estado de Derecho. La pérdida del valor humano de los derechos democráticos y la anulación del Estado de Derecho son peligros mayores que el descrédito internacional de los altos tribunales españoles. Un caldo de cultivo sobre el que puede germinar lo peor de la demagogia y el populismo actuales.