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La herencia a quien lastra es a UPN

Su gestión en el Gobierno hasta 2015 resta credibilidad a sus críticas actuales

El intento renovador choca con unos portavoces vinculados a la etapa anterior

Ibai Fernandez / Unai Beroiz - Lunes, 19 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Abajo, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza. Arriba, Sergio Sayas y Luis Zarraluqui, de UPN.

Abajo, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza. Arriba, Sergio Sayas y Luis Zarraluqui, de UPN. (Unai Beroiz)

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Abajo, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza. Arriba, Sergio Sayas y Luis Zarraluqui, de UPN.

Pamplona- Mucho se habla en política de la herencia. Lo convirtió en una muletilla habitual Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno de España en 2011 para justificar las duras medidas aprobadas justo después de unas elecciones en las que había prometido no hacerlo. Subidas de impuestos, recortes sociales y rebajas salariales a los funcionarios que justificó en la “herencia recibida” del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y en parte, no le faltaba razón.

La situación económica requería iniciativas excepcionales que tuvieron su repercusión también en Navarra, y que llevaron al Gobierno de UPN a aprobar polémicas medidas impopulares que entre otras cuestiones motivaron su paso a la oposición. Desde entonces los regionalistas trabajan para recuperar el poder institucional que perdieron prácticamente en su totalidad en 2015. Lo hacen con un discurso agrio y crítico, catastrofista en muchos aspectos, que sin embargo contrasta con su propio pasado, todavía demasiado reciente como para que los ciudadanos puedan hacer borrón y cuenta nueva. Y aunque es el nuevo Gobierno quien debe gestionar la herencia recibida, como oportunamente se encarga de recordar de forma periódica, ésta todavía pesa sobre los hombros de la formación regionalista. Y de forma especialmente dura además en algunos ámbitos concretos.

La economía es seguramente uno de los más evidentes. Durante los dos últimos gobiernos de UPN se dispararon la deuda y el déficit, se multiplicó la aportación al Estado y la caída de la recaudación motivó subidas de impuestos y recortes de gasto. Hechos obligados por el contexto y en buena parte ajenos a la voluntad de los gobernantes de entonces, pero de los que difícilmente se puede exculpar hoy la formación regionalista. Sobre todo cuando su portavoz en Economía es Juan Luis Sánchez de Muniáin, mano derecha de Yolanda Barcina y último político en salir de los órganos de dirección de Caja Navarra. Lo que indudablemente debilita la credibilidad de la crítica a la gestión económica del Gobierno actual, que por criticable que pueda ser, objetivamente puede presumir de haber empezado a revertir la situación con unos resultados en cuestiones como la solvencia financiera o la inversión presupuestaria que mejoran notablemente los heredados.

Algo similar ocurre en ámbitos como salud o las políticas sociales, áreas donde ejercen de portavoces, respectivamente, Sergio Sayas y Maribel García Malo, ambos en primera línea política durante la etapa de gobierno de UPN en la que se duplicaron las listas de espera y en la que se recortó en más de 80 millones la inversión en servicios sociales. Por lo que cualquier crítica a la gestión actual, que ha mejorado ostensiblemente ambos parámetros, resulta fácilmente rebatible por los miembros del Gobierno.

Así quedó en evidencia también con la extra de los empleados públicos, cuya devolución exigió reiteradamente UPN tras haberla suprimido en 2012. Y así ocurre con los recortes pendientes aprobados la pasada legislatura de revertir, la situación de las carreteras, carentes de inversión durante casi una década, o con infraestructuras como el TAV o la segunda fase del Canal de Navarra, cuya parálisis administrativa es muy anterior a 2015.

Un pasado que vuelveHay un problema añadido al que UPN se enfrenta en esta legislatura, y es que muchas de las decisiones tomadas en el pasado tienen ahora su repercusión social. En los últimos meses se han resuelto por ejemplo varias sentencias contrarias al Gobierno, que ha tenido que pagar más de 50 millones adicionales por los terrenos de la Ciudad del Transporte, otros 2,4 por haber medido mal la autovía del Pirineo y 16,1 millones por los derechos y vacaciones no abonadas al personal temporal. El último caso ha sido Oncineda, una operación urbanística fallida que puede costarle al Ayuntamiento de Estella-Lizarra más de 20 millones, y sobre el que esta semana ponía el foco la Cámara de Comptos cuestionan la gestión municipal anterior.

Noticias que evocan a un pasado reciente del que los regionalistas intentan zafarse buscando ejes nuevos de debate. Cuestiones como el euskera, la disputa identitaria o la reforma fiscal. Ámbitos donde los regionalistas sí han conseguido conectar con una parte de la población, pero a los que tampoco llegan con una tabla rasa. Porque el dramatismo con el que cuestionan algunas decisiones del Gobierno chochan también con la gestión de su propio presidente, Javier Esparza, que como alcalde de Aoiz no tuvo reparo en promover medidas de fomento del modelo D y que incluso mantuvo la ikurriña durante más de cuatro años en el salón de plenos de su Ayuntamiento. Y porque aunque a casi nadie le gusta pagar más impuestos, los múltiples pagos pendientes y sobrevenidos por decisiones anteriores facilitan la pedagogía del Gobierno foral.

Herencia que viene sobrevolando toda la legislatura, y que previsiblemente seguirá presente hasta las próximas elecciones, dificultando la imagen de renovación política que pretende transmitir UPN. De momento, en el horizonte cercano asoma ya la comisión de investigación de Caja Navarra.

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