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en España no tendría un "juicio justo"

Anna Gabriel no irá a declarar ante el Supremo y se plantea pedir asilo en Suiza

La exdiputada de la CUP anuncia que se queda en Suiza porque en España no tendría un "juicio justo"

d.n. - Martes, 20 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Anna Gabriel, en declaraciones a RTS Info.

Anna Gabriel, en declaraciones a RTS Info.

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Anna Gabriel, en declaraciones a RTS Info.Anna Gabriel, exlíder de la CUP, en el Parlament.

PAMPLONA. La dirigente de la CUP Anna Gabriel ha anunciado su decisión de quedarse en Suiza y no ir a declarar mañana a Madrid ante el Tribunal Supremo, al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España.

"No iré a Madrid", asegura Gabriel en una entrevista en la edición en papel del diario suizo Les Temps, en la que añade que en Suiza podrá proteger mejor sus derechos.

La exdiputada ha presentado hoy un escrito en el Tribunal Supremo en el que anuncia que permanecerá en Suiza y no acudirá mañana a declarar como investigada por rebelión.

En un escrito, el abogado de Gabriel y también exdiputado de la CUP Benet Salellas se remite a la entrevista publicada hoy por el periódico suizo "Le Temps" en que la investigada anuncia su intención de permanecer en Ginebra y no acudir a su citación ante el Supremo.

"Estoy siendo perseguida por mi actividad política y la prensa gubernamental me ha declarado ya culpable", señala la exdiputada de la CUP en la entrevista, en la que sostiene que, "como no tendré un proceso justo en mi país, busco un país que puede proteger mis derechos".

Gabriel opina que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas", ya que ve el destino de algunos de sus compañeros que aún están en prisión desde diciembre pasado, dice.

"Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión;todo el gobierno (catalán) está amenazado", indica.

Gabriel critica recientes filtraciones en los medios de comunicación españoles de un informe de la Guardia Civil en el que se la describe, según ella, como una "activista feroz".

La exdiputada tenía que declarar ante el juez Larena por un posible delito de rebelión en el proceso independentista, a raíz del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en el documento "Enfocats", considerado la hoja de ruta de la independencia.

Gabriel rechaza enérgicamente estas acusaciones: "Siempre he hecho campaña a favor del referéndum, pero pacíficamente. La cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren acallar el independentismo a través de la represión", añade.

La dirigente de la CUP denuncia en "Le Temps" el ambiente "tenso como nunca" en Barcelona, y sostiene que el Gobierno español "no hace nada para garantizar nuestra seguridad frente a la violencia de los fascistas".

La exdiputada catalana expone las amenazas de muerte que dice haber recibido regularmente de grupúsculos de la extrema derecha.

Gabriel compara la situación catalana "con lo que ocurre en estos momentos en Turquía", y denuncia lo que considera una "caza" con cerca de "900 personas bajo investigación o acusadas, entre ellos profesores, policías, políticos y simples votantes".

Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid "son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad".

"Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita", opina el abogado.

SEIS 'FUGADOS' Con el anuncio de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, de que no acudirá a declarar mañana al Tribunal Supremo son ya seis de los veintiocho investigados por el proceso independentista en el Alto Tribunal los que están huidos de la Justicia fuera de España.

Gabriel, que inicialmente debía haber declarado la semana pasada pero a quien el juez Pablo Llarena concedió un aplazamiento hasta mañana, se une con su decisión de no presentarse en el Supremo a los fugados en Bruselas: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín y Meritxell Serret (ERC) y Clara Ponsatí y Lluis Puig (JxCAT).

Los cinco fugados en Bélgica obtuvieron acta de diputado en las últimas elecciones, aunque Serret, Ponsatí y Puig han renunciado a su escaño para permitir una mayoría independentista en una hipotética sesión de investidura de Puigdemont.

Además, otros cuatro investigados por el proceso independentista están en prisión, tres de ellos diputados electos en los comicios del 21 de diciembre.

Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras;el exconseller de Interior Joaquim Forn, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.

También se encuentra en prisión el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En libertad bajo fianza se encuentran los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borras.

Todos salvo Borras elegidos diputados, aunque Mundó renunció posteriormente al acta de parlamentario.

El exconseller Santi Vila, que dimitió antes de la aprobación de la declaración de independencia, también está en la causa y en libertad bajo fianza.

Asimismo, Llarena investiga a seis miembros de la antigua Mesa del Parlament: la presidenta, Carme Forcadell, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares.

Los últimos en incorporarse a la causa han sido el expresidente catalán Artur Mas, que está declarando hoy ante el juez;la dirigente de ERC Marta Rovira, que quedó ayer en libertad bajo fianza de 60.000 euros;y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, a quien el juez no impuso medidas cautelares tras declarar ayer, .

Llarena tampoco impuso medidas cautelares a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que declaró el día 14 de febrero.

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