Editorial de diario de noticias

Freno al recentralismo educativo

El TC va más allá de anular la obligación de escolarizar en castellano;ve inconstitucional el control genérico de la educación por el Gobierno central y deja en evidencia la pugna electoralista PP-Ciudadanos a costa de las lenguas

Miércoles, 21 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La sentencia del pleno del Tribunal Constitucional que estima parcialmente el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la LOMCE en plena polémica por la nueva pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy -al albur del griterío demagógico de Ciudadanos- de intervenir en la educación catalana mediante la obligación de asegurar la enseñanza en castellano va incluso más allá de cuestionar aspectos concretos de la reiteradamente criticada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza que sacó adelante el ministro José Ignacio Wert y que su sustituto, Íñigo Méndez de Vigo, no ha retirado. De hecho, la concreta inconstitucionalidad dictada por el TC ahora de la Disposición Adicional 38ª de la LOMCE solo viene a refrendar las reiteradas posiciones de la mayoría del Parlamento de Navarra que venían defendiendo su no aplicación en Navarra y la potestad del autogobierno foral para establecer la carga lectiva en las diferentes lenguas. Visto ahora, con el absurdo apoyo de UPN a la LOMCE con un nuevo ejemplo de seguidismo político al centralismo del PP a costa de la autonomía foral en materia de educación pactada en el Amejoramiento. Ahora bien, la sentencia, además de anular la obligación de escolarizar en castellano, cuando lo diga el Estado, a alumnos sin enseñanza pública en ese idioma, establece también pautas que se aplicarán al resto de los recursos contra la LOMCE que también presentaron otras autonomías, entre ellas el Parlamento de Navarra. Y no es la menos importante la consideración que hace el pleno del TC de que la doctrina constitucional no soporta la pretensión del Gobierno español de “establecer un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las CCAA respecto a la Administración del Estado”, o la negativa a que “a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las CCAA”. Ambas afirmaciones del TC vendrían a cuestionar seriamente la incursión de la LOMCE en las competencias autonómicas y de modo muy especial en el caso de Navarra, que tiene reconocida la competencia global de la enseñanza. Una sentencia que, con años de retraso, parece poner una muga constitucional al intervencionismo centralista que azuzan ahora el PP y Ciudadanos como argumento -ahora lenguas y educación- de su pugna electoralista con el más reaccionario populismo.

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