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Amnistía Internacional condena la aplicación de la ley antiterrorista a los detenidos de Alsasua

La considera desproporcionada y constata también en España ataques a la libertad de expresión y el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre y critica la prisión para los Jordis

Jueves, 22 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Concentración en Alsasua el 26 de noviembre para exigir la libertad de los tres detenidos.

Concentración en Alsasua el 26 de noviembre para exigir la libertad de los tres detenidos. (N.M.)

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Concentración en Alsasua el 26 de noviembre para exigir la libertad de los tres detenidos.

pamplona- El informe anual de Amnistía Internacional ha vuelto a condenar la aplicación de la legislación antiterrorista a los detenidos por los incidentes de Alsasua concretamente señala que “el poder judicial continuó aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista. Tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018”.

catalunyaLa realidad de los derechos humanos en España queda en entredicho en el informe. Por un lado, la organización ha constatado ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre en Catalunya o la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información.

austeridad y desamparoPor otra parte, el impacto de las medidas de austeridad implementadas como consecuencia de la crisis económica está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España. Medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a una vivienda también está en peligro en España, cuando se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. Especialmente las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado.

refugiadosTampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.

Amnistía Internacional destaca que el pasado año se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana.

enaltecimientoDecenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que daba cumplimiento a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impedía la celebración del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma.

tortura y malos tratosAI señala que en septiembre, la Audiencia Nacional retiró la solicitud de extradición de Nekane Txapartegi desde Suiza. El plazo de ejecución de una sentencia dictada contra ella en diciembre de 2009 había expirado. En abril, el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición. Nekane Txapartegi afirmaba haber sufrido tortura y otros malos tratos durante los cinco días que había permanecido recluida en régimen de incomunicación en una comisaría de policía de Madrid en 1999. Había sido detenida como sospechosa de delitos de terrorismo y de pertenecer a ETA. Sus denuncias de tortura no se habían investigado exhaustivamente entonces. En mayo, el Tribunal Constitucional admitió un recurso presentado por el gobierno contra una ley del Parlamento vasco relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el País Vasco.

violencia machistaEl informe alerta de que según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 48 mujeres (y 8 menores de edad) perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas.

En septiembre, el Parlamento aprobó un plan para combatir la violencia de género que incluía la reforma de la legislación y otras medidas dirigidas a cumplir las obligaciones proclamadas en el Convenio de Estambul en relación con la violencia contra las mujeres.

impunidad del franquismoLas autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando que no era posible investigar los crímenes denunciados -que incluían desapariciones forzadas y tortura- debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos.

Además, siguieron sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, dejando que las familias y las organizaciones interesadas acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado, señala en su informe anual Amnistía Internacional. - D.N.