Pensiones

Arturo Carreño Parras. Jubilado y militante de IU en Altsasu/Alsasua - Lunes, 26 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Como se puede observar a diario, los medios de comunicación escriben sobre el clamor de las pensiones. Ya hay varias organizaciones de jubilados/as que están reivindicando una subida digna y no la limosna del 0,25% que a bombo y platillo pregonan la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales y el propio presidente del Gobierno. Esta actitud es muy descarada y no hacen más que agravar la caótica situación de millones de pensionistas que no llegan ni a los 700 euros al mes. El Pacto de Toledo es una pantalla que tapa toda ineptitud de esa comisión para acordar, pactar, idear y trabajar para solucionar este gran problema que alcanza niveles nunca vistos de pobreza y de miseria.

Yo creo que vamos a ser nosotros y nosotras los que, saliendo a la calle pacíficamente, le podremos dar la vuelta porque este gobierno y estos políticos de todos los partidos no llegan a preocuparse de la situación y les va a estallar en la cara. No podemos dejar en ningún caso que el Gobierno de Rajoy nos hunda más en la miseria y nos trate y humille de esta forma. España no es Rumanía, ni Albania, ni Grecia. Este país tiene recursos para que la riqueza generada esté mejor repartida, la economía sumergida, los impuestos a las grandes empresas, los gastos enormes en armamento militar, la precariedad laboral... están impidiendo el desarrollo de nuestra sociedad, sólo pueden vivir los estómagos agradecidos, los ricos, el montón de políticos y políticas del Congreso, del Senado y de las comunidades autónomas, los que cobran más de 1.500 euros al mes, que son casi 20 millones, pero el resto hasta los 45 millones, es decir 25 millones de personas, lo están pasando muy mal y de miseria.

La pobreza energética, el Banco de Alimentos, Cruz Roja y otras ONG no dan abasto. Yo propongo que para el 14 de abril, además de celebrar el 87ª aniversario de la II República, salgamos a las calles a exigir al Gobierno la dignidad que nos pertenece a todos y que además está reseñada en la Constitución. La vivienda, el trabajo digno, la sanidad y la educación son básicos y los poderes públicos (todos) deben velar por ello, que para eso se les paga, y muy bien por cierto.

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