La religión como asignatura es anticonstitucional

Martes, 27 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La consejera de Educación del Gobierno navarro sostuvo en días pasados que la religión musulmana convertida en asignatura “la estudiarán en el curso que viene 1.400 alumnos de la comunidad islámica de Navarra”. María Solana afirmó que “la legislación básica del Estado obliga a hacerlo”, y en palabras del portavoz del Gobierno en el Parlamento navarro, Koldo Martínez, “esta obligación viene de Madrid”, sugiriendo, ¿tal vez?, que, si por ellos fuera, ¿no se llevaría a cabo dicha enseñanza?

Desde del 10 de noviembre de 1992 existe el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España que contemplaba que la religión islámica podía impartirse “en alguno de los centros donde exista una parte significativa del alumnado que así lo demande”. Este acuerdo, que tiene ya 26 años, se recogería en la Ley Orgánica de Educación (LOE) del PSOE como en la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) del PP. El acuerdo establecía un trato en pie de igualdad para la enseñanza de esta religión con otras confesiones (católicos y protestantes). Sólo exigía un mínimo de 10 alumnos solicitantes para que esta asignatura se impartiera sin presentar ninguna exigencia de zonificación específica.

Es evidente que los sucesivos gobiernos del PP han soslayado arteramente tal demanda. No porque sean laicistas radicales o constitucionalistas impertérritos. La explicación es otra. Cuando se anunció que la religión musulmana se podría impartir en los colegios concertados y privados, el presidente de la derechista Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, calificaría de “burla y falta de respeto hacia los demás la posibilidad de impartir islam en centros católicos”. Faltaría más.

En 2004, la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico Carabias, del Gobierno de Zapatero, anunciaba que algunos colegios de ciudades con presencia importante de musulmanes, Madrid, Valencia, Barcelona y alguna capital andaluza, comenzarían a dar clases de religión islámica en el primer trimestre del 2005. En Melilla lo venían haciendo desde 2001.

El BOE, en su Resolución del 14.3.2016, firmada por la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, establecía los currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se decía que “a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria”.

Pero el artículo 27 de la Constitución se limita a disponer que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No especifica ni exige que esta formación religiosa se dé obligatoriamente en los centros públicos.

Como se ha dicho, el PP se ha mostrado no solo reacio, sino militante cerval contra esa intromisión por un solo motivo confesional verdadero: su nacionalcatolicismo, que es, en esencia, intransigencia pura y dura. Y ello a pesar de que se trata de una legislación que dicho partido ha firmado. Ahora, en Navarra, la exigencia de impartir esta asignatura ha suscitado un rifirrafe dialéctico entre las fuerzas políticas, mostrándose que en este campo las diferencias de pensamiento son insalvables incluso entre quienes mantienen el gobierno.

Por su parte, María Chivite, del PSOE, ha dicho que lo que más le molesta de esta situación no es que se vulnere una vez más la aconfesionalidad del Estado que exige la Constitución (16.3), sino que el reparto del alumnado no sea equilibrado. Graciosa requisitoria. Desde la Administración navarra, regida por UPN o por PSN, jamás hubo la mínima exigencia de un reparto equilibrado entre la población escolar marginal y los distintos centros, públicos, privados y concertados, ni antes, ni ahora con el tema de la confesionalidad religiosa. La escuela pública ha sido el capacillo de todas las hostias disgregadoras de la sociedad.

La legislación actual sobre esta materia confesional es un galimatías, además de absurda, injusta y anticonstitucional. Lo más patético es que, teniendo un Gobierno de Navarra que se comprometió en su día a aumentar las cotas de laicidad en las instituciones públicas, se revele como adalid ferviente en el cumplimiento de una legislación que ni el PP ha respetado ni promovido aunque por motivos diversos.

El problema de fondo sigue donde estaba. No en una legislación coyuntural en función del partido que gobierne. Tras la reconocida constitucionitisde los políticos, desde 1978 nada han hecho por el desarrollo del artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Nos la clavaron bien con el término cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones. Claro que, si se repara en el texto constitucional, en ningún momento se dice que el Estado se compromete a que la enseñanza de la religión se impartirá en el currículum del sistema educativo. Solo desde la presión que ejerce el Concordato del Estado con la santa Sede es posible dicha enajenación civil, haciendo que la situación actual se parezca tanto al nacionalcatolicismo franquista. La Iglesia católica mantiene con el Estado la misma relación jurídica establecida entre estados que con Franco, asumiendo unos acuerdos, botín de guerra, obtenidos tras la cooperación intensa de la Iglesia con los golpistas en 1936. La cooperación servil del Estado con la Iglesia nace de ese fondo corrupto, que establece una dependencia malsana, además de atentar contra la soberanía popular. Un acuerdo así, producto de una situación lo más parecida a un genocidio, no debe mantenerse en pie por mucha adaptación que se hiciera de él en 1976 y 1979.

Por lo demás, la religión convertida en asignatura atenta contra la racionalidad y solo puede despertar ensoñaciones con un ente invisible, jamás un estudio objetivo y científico. Una escuela pública, que es institución del Estado aconfesional y laico, no debe permitir una enseñanza que escaquee la formación científica de su alumnado.

La servidumbre política ante esta nueva intromisión del poder religioso es denigrante. La culpa la tiene el chachá del Concordato, pero no solo. Tiempo tuvieron los partidos, excepcionalmente el PSOE, para romper dicho nudo gordiano y desarrollar el artículo 16 de la Constitución según su contenido.

En definitiva. La enseñanza de la religión en la escuela es fruto de un concordato perverso;un delito contra la aconfesionalidad de la Constitución por la que tanta devoción profesan los defensores del artículo 155. Estaría bien que mostraran el mismo fervor constitucional para defender el artículo 16. Al fin y al cabo, es hijo de la misma madre.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Carlos Martínez, José Ramón Urtasun, Ángel Zoco y Txema Aranaz, del Ateneo Basilio Lacort