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El TC avala que Navarra pueda expropiar pisos tras 2 años vacíos

Deben ser de empresas o entidades, no de particulares, que hayan desatendido un requerimiento

Martes, 27 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Bloque de edificios de Lezkairu.

Bloque de edificios de Lezkairu. (JAVIER BERGASA)

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Bloque de edificios de Lezkairu.

PAMPLONa- El Tribunal Constitucional ha avalado que Navarra pueda expropiar viviendas cuando hayan estado desocupadas por dos años, pero ha cerrado la puerta a que las expropie por razones de interés social vinculadas a desahucios de personas en situación de emergencia. En su sentencia el Alto Tribunal avala que Navarra considere causa justificada para la expropiación de una vivienda (que esté en manos de personas jurídicas, es decir, no en manos de particulares) el hecho de que no haya sido ocupada durante dos años y siempre que la propiedad haya desatendido una advertencia previa en ese sentido.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado otra parte de la Ley Foral de la Vivienda de 2013, por invadir competencias del Estado. Se trata de las disposiciones de la norma navarra que declaran causa suficiente para la expropiación el interés social derivado de que hayan sido desahuciadas de esa vivienda, por bancos o entidades similares, personas en situación de emergencia social.

El Gobierno central del Partido Popular recurrió la norma navarra, que fue suspendida provisionalmente por el Constitucional durante años, por dos motivos. Por un lado, porque el régimen sancionador de la norma tipifica como infracción muy grave el no dar uso efectiva a la vivienda durante dos años siempre que su titular sea una persona jurídica (es decir, que no sea propiedad de un particular). Además, ese régimen sancionador considera causa justificativa de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de no atender un requerimiento para poner fin a tal situación. El TC ha considerado que esos apartados de la ley recurrida son constitucionales. En otras palabras, el Ejecutivo navarro podrá expropiar viviendas desocupadas durante dos años que sean propiedad de empresas si después de que la propiedad haya sido advertida, no ha atendido al requerimiento y no haya dado uso a la casa en cuestión.

DESECHA EL INTERÉS SOCIAL De otro lado, el Gobierno del PP también recurrió que la norma foral declare de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de personas que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y que estén incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria instados por entidades financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. La norma añadía que esa consideración de interés social se haría “a efectos de la expropiación forzosa del uso de la vivienda que sea objeto de tales procedimientos”. Esa parte de la ley ha sido anulada. Es decir, el TC no avala que sea de interés social para el Ejecutivo navarro el dar vivienda a quienes sean desahuciados y estén en situación de emergencia social, a efectos de la expropiación forzosa del uso de la vivienda que sea objeto de tales procedimientos. Esta parte no es aceptada por el Constitucional por invadir competencias del Estado, de modo que el desahucio de personas en emergencia no podrá ser causa de expropiación por razones de interés social.

AUMENTO DE LA VIVIENDA PÚBLICAEl PSN valoró “positivamente” la sentencia del Tribunal Constitucional porque, a su juicio, se facilitará “la incorporación de vivienda vacía al parque de vivienda pública, tal y como el PSN viene reclamando durante toda la legislatura”. En este sentido, la portavoz socialista en la materia, Ainhoa Unzu, destacó en un comunicado que la Comunidad Foral “dispondrá de vivienda para hacer frente a las necesidades de la población, por ejemplo, en casos de emergencia (procesos de pérdida de vivienda por desahucio, emergencia habitacional), para la atención de personas con graves dificultades para mantener su vivienda o para la población que, igualmente, tiene dificultades para acceder a una vivienda libre”.

Según Unzu, en la Comunidad Foral “conviven en este momento dos realidades antagónicas”. “Por un lado, miles de viviendas propiedad de entidades financieras y pequeños tenedores y, por otro, miles de familias sin capacidad de acceso, que demandan a la Administración que sea garante del derecho constitucional a una vivienda digna”. Por eso, agregó la representante socialista, “la sentencia del Constitucional abre la vía para empezar a revertir esta situación”. - Agencias