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El agujero documental de la Púnica crece tras la destrucción de correos oficiales de Granados

La Comunidad de Madrid eliminó los mails que el juez de la Púnica le solicitó

Jueves, 1 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Granados pasa ante un policía tras su última comparecencia en la Audiencia Nacional.

Granados pasa ante un policía tras su última comparecencia en la Audiencia Nacional. (Foto: Efe)

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Granados pasa ante un policía tras su última comparecencia en la Audiencia Nacional.

pamplona- La destrucción y robos de documentos está complicando la investigación de la trama Púnica. Un agujero documental sigue creciendo tras conocerse ayer que la Comunidad de Madrid eliminó todos los correos electrónicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupción. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, reclamó al Gobierno autonómico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid.

El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación, en 2004, de tres obras del suburbano y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envió a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y ordenó que técnicos informáticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los policías se fueron con las manos vacías, según informó el diario El País.

Los agentes se limitaron a llevarse sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja de sus direcciones de correo electrónico (el de Granados, el 2 de abril de 2012, diez meses de ser cesado por Esperanza Aguirre), así como un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros “no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas y requeridas”, y a renglón seguido se explica: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no sustenta su “política interna” en ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras. Fuentes del actual ejecutivo regional citadas por el diario achacan dicha práctica a los gobiernos anteriores del PP.

El borrado de los correos electrónicos por “política interna” ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que “varias carpetas” que debían contener contratos investigados aparecían vacías. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detectó la desaparición de documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

A la desaparición de documentos se suma la resistencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente público de aguas que se investiga en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron “traspapelados” cinco meses en el Gobierno regional.

Además, el alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos (PSOE), ha informado del robo en su despacho del Ayuntamiento, la semana pasada, de documentos sobre contratos relacionados con el caso Púnica. - D.N.

el juicio de gürtel

“Los pagos de la campaña eran en dinero negro”

Un policía nacional que investigó la Gürtel declaró ayer en el juicio que los ingresos de Orange Market por servicios para actos de campaña electoral eran mediante pagos con facturas abonados por el PP de Valencia, ingresos en dinero negro efectuados directamente por el partido y pagos tanto en B como en A de empresas constructoras. Añadió que “no se halló ningún documento que indicara la existencia de trabajos que figuraban en las facturas”.