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Condenan a Educación por no proteger en 2015 la salud laboral de un inspector

La juez estima que faltó coordinación en la gestión de una queja, que se produjo al final del gobierno de UPN

Jueves, 1 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona ha condenado al departamento de Educación del Gobierno de Navarra a indemnizar con 11.539 euros por daños y perjuicios a un inspector por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En la sentencia, referente a un caso de 2015, la magistrada rechaza la existencia de acoso laboral, también denunciada por parte del demandante contra el entonces director general de Educación, David Herreros (que formó parte del equipo de José Iribas), y que entonces negó esas acusaciones y solicitó un acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias. En el acto no hubo acuerdo.

En la sentencia anunciada, con fecha del pasado 12 de febrero y que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del TSJN, se recoge que el demandante acusó al director de haber intentado enchufar a una amiga como directora de un centro y que recibió presiones por ello.

El demandante, funcionario y que ocupa el puesto de trabajo de inspector, interpuso una demanda por acoso laboral e incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En la demanda, solicitó una indemnización de 28.757 euros por los días de baja y 6.000 más por el daño moral. El letrado del Gobierno de Navarra, por su parte, se opuso a la demanda y solicitó su desestimación.

desestima el ‘mobbing’ Ahora, la sentencia declara que no hubo mobbing y que el nombramiento fue legal, si bien estima que se produjo un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por el inadecuado funcionamiento de este servicio, por cuestionar que el director general tuviera acceso a un escrito con la versión del demandante, aunque este pidiera que se enviara el documento, corrigiera su redacción y diera su visto bueno. La juez cree que fue una medida “absolutamente inadecuada”. También considera que se tardó en la actuación de la prevención.

La indemnización se fija en 11.539 euros y ara la juez no queda acreditado una situación de acoso laboral y, sin embargo, sí la existencia de un conflicto laboral. Este se produjo entre finales de abril de 2015, la incapacidad temporal comenzó el 19 de mayo y el nombramiento en cuestión, el 1 de junio. El director general cesó en su cargo a petición propia el 30 de junio. - E.P./D.N.