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“Tenemos un problema de desmesura en la legislación antiterrorista que se está viendo en el caso Alsasua”

Amnistía Internacional, que tiene 2.000 socios en Navarra, presentó la semana pasada en Pamplona los resultados de su último informe sobre derechos humanos

Una entrevista de Andoni Irisarri | Fotografía Javier Bergasa - Domingo, 4 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España.

Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España. (JAVIER BERGASA)

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Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional España.

Pamplona- Esteban Beltrán Verdes (Madrid, 1961) recuerda bien el día en que intentó hacerse socio de Amnistía Internacional. Era el 24 de febrero de 1981 y en la oficina de la organización nadie hizo caso a ese joven de 20 años al que se le prendió la mecha de la militancia viendo a Tejero pegar tiros en el Congreso de los Diputados. Precisamente, esa fue la razón por la que no pudo afiliarse ese día: ante el temor de que al gobierno volviesen los militares, Amnistía Internacional había mandado todas las filiaciones a Francia. Dos meses después, con las aguas más tranquilas, comenzó una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos que le hizo llegar, en 1997, a ser director de Amnistía Internacional en España. Desde entonces, coordina una organización que en la Comunidad Foral tiene 2.000 afiliados -“el mayor ratio de socios por habitantes del Estado”, subrayan- y donde el pasado martes presentó su informe anual sobre derechos humanos, precisamente cuando en Navarra se vive un momento clave debido a las políticas integrales de víctimas del Gobierno o el caso Alsasua, que pone como ejemplo de “desmesura”.

Ha dicho que en materia de derechos estamos mejor que hace 70 años, pero peor que hace 10. ¿Qué ha pasado en ese tiempo?

-Yo creo que hay una involución de derechos civiles y políticos, de acortar la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, el derecho a la disidencia y de intentar que la sociedad civil tenga menos espacio. Lo bueno es que la sociedad civil es cada vez más activa, ya ha quedado claro que no se va a dejar reprimir mansamente. En esa involución también influyen unas políticas económicas que han afectado a las mayorías, y es ahí donde está lo preocupante. Las violaciones de derechos no es algo que adolezca sólo las minorías clásicas, sino que es algo que ya se ha extendido a toda la sociedad.

España ha dado ejemplos recientes de pérdida de libertades. ¿Nos estamos olvidando de cuánto cuesta ser libre?

-Me gustaría quedarme con un mensaje positivo y creo que en España, todavía, nada es irreparable. Lo que pasa es que estamos pasando una mala época que hay que revertir. Hablamos de que con la Ley de Seguridad Ciudadana en la mano tenemos 34.000 multas por cuestiones que tienen que ver con libertad de expresión o reunión pacífica. Esto es insólito y preocupante, porque en el Parlamento hay una parálisis que impide reformar la ley Mordaza.

La reforma del Código Penal, la definición “vaga”, como usted dice, del delito de terrorismo, pone en riesgo los derechos de la ciudadanía. Pensemos en el caso de Alsasua.

-La reforma del tipo penal de terrorismo se ha producido cuando ni ETA ni el GRAPO existen. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿merecen los procesados de Alsasua 25 años de cumplimiento efectivo de las penas? Claramente, no. Hay una desmesura en la legislación antiterrorista, una ambigüedad, una definición vaga. Si a eso unimos que en el caso de Alsasua, el tribunal no está aceptando pruebas nucleares para juzgar la inocencia o la culpabilidad de los hechos, pues tenemos un problema. Porque los tribunales tienen que permitir que todos los procesados se defiendan.

¿Qué se puede hacer?

-Hay que cambiar las leyes antiterroristas, que de por sí son excepcionales y deben durar un tiempo limitado. No pueden durar 40 años, porque pueden propiciar vulneraciones graves de derechos.

Usted, en su visita al Parlamento, ha planteado una agenda común de reparación y reconocimiento integral de las víctimas de la violencia. ¿Es la única manera de construir una convivencia efectiva?

-El tema de la convivencia es algo muy complicado que tiene que ver con más cosas. Pero aquí hablamos de derechos. La víctima de ETA tiene los mismos derechos que una del GAL, del Batallón Vascoespañol. Tiene el mismo derecho a saber qué ocurrió, si es posible perseguir a los autores, y a obtener reconocimiento del Estado. Lo mismo pasa con la tortura. Debemos superar el debate sobre si hubo o no torturas: lo ha confirmado Estrasburgo, el Tribunal Supremo, el Constitucional, y los últimos estudios hablan de 4.200 denuncias públicas. El torturado no es mejor o peor por ser de ETA, es una persona torturada y tiene derecho a saber quién fue el responsable. A eso nos referimos cuando hablamos de pasar página, pero una vez que la hayamos leído. Desde luego, no nos gustaría que esto ocurriese en Navarra, en el País Vasco y por consiguiente en el Estado.

Parece que el debe con las víctimas de ETA son los crímenes sin resolver. ¿Qué se les debe al resto de víctimas?

-Hay 12 casos de víctimas de ETA que están en una especie de limbo judicial, que directamente no se sabe dónde está su caso. Pero en materia de reparación se ha avanzado mucho con ellos: hay un 98% que han sido reparadas de alguna forma por parte del Estado. De los casos del GAL, hablamos de que sólo el 37% de los casos están aclarados. Y hubo decenas de atentados, de víctimas a las que el Estado se niega a reconocer como tal. Lo mismo ocurre con el Batallón Vascoespañol, solo que con este grupo no hay ningún caso investigado. Ese es el debe que tiene el Estado con esas víctimas. Hay una parte sustancial de familiares que no tienen ni verdad, ni justicia, ni reparación. E incluso en algunas ocasiones se les niega su condición de víctima.

El Gobierno de Navarra se ha caracterizado por poner en marcha un programa de atención integral a las víctimas. ¿Cómo valora esta estrategia?

-Los casos de Navarra y País Vasco en esta materia son tan excepcionales que creo que hay que mencionarlos. Han hecho un esfuerzo muy importante, y desde Amnistía valoramos que estén trabajando así por arrojar luz sobre las otras víctimas. Son casos tan excepcionales que hay que mencionarlos. Está bien que desde el ámbito autonómico se hagan cosas, es de valorar y tienen que explorar todo lo que puedan hacer. Pero el debe fundamental sobre víctimas lo tiene el Gobierno central. También con los recursos, porque tú no puedes recurrir una ley por invadir unas competencias y que tú no hagas nada.

En esa línea de trabajar en una reparación integral, el Gobierno de Navarra hizo un homenaje a las víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos. Causó revuelo en la oposición. ¿Entiende Amnistía Internacional que genere tanto debate un tema como este?

-A mí me gustaría preguntar a todo el mundo: ¿tú estás de acuerdo en que todas las víctimas tienen los mismos derechos? Es lo que la gente debe preguntarse, y más que la gente los partidos políticos. Si todas las víctimas tienen todos los derechos, eso significa que tienen derecho a reconocimiento público, a la garantía de que no se repita, a la garantía de compensación económica. Eso es lo que planteamos cuando hablamos de una agenda común de derechos humanos.

¿Le extraña a Amnistía Internacional que haya partidos que tienen reticencias a reconocer el uso de las torturas que han demostrado los tribunales y ha asumido el propio Estado?

-Después de tanto tiempo, la verdad es que no me extraña. Pero me entristece. La tortura está prohibida desde el año 1984. Es ilegal. Pero todo el mundo sabe que hubo torturas, están documentadas y ya no cabe ese debate. Desde Amnistía sostenemos que fueron persistentes en los años 80 y 90, aunque no creemos que fuesen sistemáticas. Pero es importante que las víctimas de las torturas sean reconocidas como tales, no importa a qué pertenecían. Fueron víctimas y no se investigaron los casos. Y eso es una asignatura pendiente que tendrá que ser superada, porque es inexplicable que haya gente que siga pensando que ese delito no se cometió en este país, algo que han avalado tribunales españoles.

Una de las citas que tiene marcada en rojo Amnistía Internacional este año es el 21 de junio. Taner Kiliç, presiente de Amnistía internacional en Turquía, será juzgado dentro de las purgas de Erdogan. ¿Qué se juega la sociedad democrática en ese juicio?

-Acabo de volver de Turquía y aquello tiene apariencia de juicio pero no de justo. Estamos hablando de un juicio en el que hay un testigo anónimo al que nadie puede entrevistar ni preguntar. Es una cosa tan insólita... Nos jugamos que cualquier persona en Turquía, que es un país muy importante, pueda ser detenida por defender los derechos humanos. Nos jugamos que Turquía se convierta definitivamente en un país cerrado. Si condenan a Taner Kiliç, qué no harán con cualquier persona.

“La ‘ley Mordaza’ ha amparado 34.000 multas por cuestiones que tienen que ver con libertad de expresión. Es insólito”

“Debemos superar el debate sobre si hubo torturas o no;es algo demostrado por los tribunales españoles”

“La administración regional tiene que trabajar por las víctimas, pero el debe importante lo tiene el Estado”

“Sólo el 37% de los casos del GAL están aclarados. Hay quien además cree que no son víctimas”